La expectativa para esta semana en el Congreso era que comenzara la discusión de la reforma política en la Cámara de Representantes, que dará en la Comisión Primera el tercer debate de ocho por tratarse de una modificación a la Constitución Política. No obstante, esta semana el legislativo estuvo enfocado en aprobar la conciliación de la reforma tributaria y en otras discusiones que evitaron el inicio del trámite.

Este jueves se conoció la ponencia construida por los representantes Heráclito Landinez (Pacto Histórico), Luis Eduardo Díaz (Partido Conservador), Karyme Cotes (Partido Liberal) Santiago Osorio (Pacto Histórico), Jorge Méndez Hernández (Cambio Radical), Ana Paola Garcia (MIRA), Hernán Darío Cadavid (Centro Democrático), James Mosquera Torres (curules de paz), Marelen Castillo (Liga de Gobernantes Anticorrupción) y Luis Alberto Albán (Comunes), en la que hay algunas particularidades.

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En el informe que discutirá la Comisión Primera ya no está incluida la propuesta de ampliar de cuatro a cinco años los períodos de gobierno de presidencia, Congreso, alcaldías, gobernaciones y asambleas. La iniciativa, impulsada por el Partido Conservador, no se incluyó según el presidente de la Comisión Primera, el representante Landinez, “porque significaría modificar cerca de 52 artículos de la Constitución Política”.

No obstante, dijo el representante, existe la posibilidad de que algunos congresistas la planteen de nuevo vía proposición, que entonces será discutida y votada, pero Landinez no le augura mucho futuro teniendo en cuenta que además no cuenta con el apoyo del Gobierno.

De acuerdo con el presidente de la Comisión donde se dará la discusión, “sería un cambio muy grande para ser abordado en esta reforma política” porque la idea es no solo ampliar los periodos del presidente, de congresistas, alcaldes y gobernadores, “sino de otros funcionarios de todas las ramas del poder público, y asimismo modificar procesos de planeación financiera y presupuestal”.

Lo que sí se mantuvo en la ponencia es la propuesta de establecer una segunda vuelta para la elección de alcaldes en ciudades grandes. “Los gobernadores o alcaldes de los departamentos o ciudades que tengan una población igual o mayor al 5% del censo poblacional certificado por el DANE, serán elegidos para un periodo de cuatro años por el 40 % de los votos que de manera secreta y directa depositen los ciudadanos con las formalidades que determine la ley, siempre que, sobre pase al segundo candidato más votado con 10 puntos porcentuales”, se lee en el texto que se añadiría a la Constitución.

En el mismo texto se aclara que “si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que solo participaran los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado Gobernador o Alcalde que obtengan el mayor número de votos, en la segunda vuelta”.

Revivir el voto obligatorio es otra de las apuesta de la discusión en la Cámara. Este tema se aprobó durante el primer debate en la Comisión Primera del Senado, pero se hundió en plenaria con 56 votos en contra de ese punto. El objetivo de este nuevo intento, al que no le caminan los partidos tradicionales, es que en la Constitución quede estipulado que “el voto es un derecho y un deber ciudadano de obligatorio cumplimiento”.

El tercer debate de la reforma política, primero en la Cámara de Representantes, promete intensidad pus incluso hay miembros de la coalición de gobierno que dudan sobre apoyarlo. Esta semana, algunos integrantes de Alianza Verde y Centro Esperanza anunciaron su voto negativo a la iniciativa si se mantienen temas como el tránsito de un partido a otro, las listas cerradas y la financiación de campañas políticas, entre otros.

En una carta firmada por Katherine Miranda, Catherine Juvinao, Daniel Carvalho, Jennifer Pedraza, Carolina Giraldo, los representantes señalan su oposición a esos puntos “en tanto contradicen los objetivos centrales de la reforma, esto es: fortalecer el sistema de partidos; hacer más transparente y controlable la financiación de las campañas políticas y abrir el sistema a la participación paritaria de las mujeres y poblaciones diversas”.

Al respecto, desde la presidencia de la Comisión Primera aseguran que se trata de artículos que no aparecen en la ponencia y que, en todo caso, las diferencias que existan “deben llevarse ahí al debate” y no en “comunicados o discusiones de salón”.

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