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El pasado 19 de septiembre de 2025, Julián López, presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, informó por la red social X (anteriormente Twitter) que remitió a la Corte Constitucional las actas correspondientes a las sesiones donde se corrigieron los errores de procedimiento de la reforma pensional, identificada como Ley 2381 de 2024. López resaltó que no se trata de un simple trámite administrativo, sino de un acto que simboliza esperanza y justicia social para la ciudadanía, en línea con la agenda reformista impulsada desde el Gobierno encabezado por Gustavo Petro, según fuentes oficiales.
Este paso tiene como trasfondo la controversia sobre la legalidad del proceso legislativo de la reforma pensional, que quedó en entredicho tras el llamado “pupitrazo”: una maniobra a la que recurrió la Corte Constitucional al aprobar el texto sancionado en el Senado sin dar plena respuesta a algunas observaciones formales significativas. A raíz de este contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó críticas directas contra lo que denomina una “tercera subsanación” del trámite. Según Benedetti –cuyos comentarios han circulado en medios oficiales–, este procedimiento obedece a la interpretación particular del magistrado presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, y pone sobre la mesa la importancia de mantener la independencia y equilibrio de poderes estatales.
El presidente Gustavo Petro también intervino en el debate, señalando que Ibáñez habría sobreinterpretado los pasos técnicos del trámite legislativo. Petro argumentó que el acta en cuestión sí tenía quorum deliberativo, aunque no decisorio, y advirtió que exigir un quorum decisorio en esa instancia podría constituir un obstáculo para la función legislativa. Según el mandatario, tal requisito genera un precedente que pondría en riesgo no solo la reforma pensional sino también el curso de otras leyes trascendentales.
Mientras tanto, miembros de la oposición afirman que el procedimiento contó con por lo menos dos nuevos vicios desde las sesiones extraordinarias de junio de 2024: el primero, que la sesión del 27 de junio avaló el orden del día sin quorum decisorio; el segundo, que la convocatoria de esa sesión se comunicó a través de un boletín de prensa, y no mediante un fallo judicial como exige la normativa vigente. Estas acusaciones fueron consignadas en fuentes legislativas y medios nacionales.
La polémica trasciende un mero trámite institucional y expone disensos profundos en torno a la justicia social y el futuro del sistema pensional, que involucra a millones de ciudadanos. La necesidad de una reforma se fundamenta en la baja cobertura del sistema de jubilación en Colombia: cifras del Ministerio de Trabajo y el Banco Mundial señalan que solo la mitad de la población en edad de retiro está protegida por una pensión contributiva, hecho que motivó la promulgación de la Ley 2381 de 2024, orientada a ampliar la cobertura y fortalecer los beneficios.
Desde el punto de vista jurídico, la disputa por la validez del quorum y la legalidad de las convocatorias a sesiones extraordinarias reposa en complejidades constitucionales. La Corte Constitucional, según expertos consultados por la Revista de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, ejerce el custodio de los procedimientos formales, pero hay preocupación porque una interpretación excesivamente restrictiva del debido proceso pueda obstaculizar reformas indispensables para el bienestar social. Comparativamente, politólogos citados por El Espectador han observado situaciones similares en otros países latinoamericanos, donde la intervención de cortes supremas en procesos legislativos ocasionó tensiones con el poder político y cuestionó la gobernabilidad democrática.
Así, la evolución de este caso pone a prueba la institucionalidad colombiana y subraya la función de los medios y el periodismo de investigación, tal como lo destaca la LatAm Journalism Review, en la vigilancia de procedimientos complejos que influyen en derechos fundamentales y en la estabilidad de la democracia. El envío de las actas a la Corte Constitucional marca un episodio decisivo para el futuro de la reforma pensional y para el equilibrio entre legalidad y legitimidad política en el país.
¿Qué es el quorum decisorio y por qué es importante en el Congreso?
El quorum decisorio es el número mínimo de congresistas que deben estar presentes para tomar decisiones legales en el Congreso colombiano. Este concepto ha cobrado relevancia en el contexto de la reforma pensional, pues la oposición y el presidente Petro se han referido a su existencia o ausencia en las sesiones claves relacionadas con la Ley 2381 de 2024.
De acuerdo con los procedimientos legislativos, la existencia o incumplimiento del quorum decisorio puede viciar la legitimidad de las decisiones tomadas, lo cual genera debates sobre la legalidad de los procesos y la viabilidad de las reformas, como se observa en la actual discusión entre poderes en Colombia.
¿Por qué las sesiones extraordinarias requieren una convocatoria específica?
Las sesiones extraordinarias en el Congreso colombiano no pueden ser convocadas simplemente por medios informales como comunicados de prensa, según las normas vigentes. La oposición ha cuestionado la validez de las convocatorias para las sesiones del 27 de junio de 2024, exigiendo un acto administrativo formal, generalmente respaldado mediante un fallo judicial.
Este punto es clave porque garantiza el cumplimiento de las reglas democráticas y evita posibles impugnaciones jurídicas, como señalan legisladores y especialistas en derecho constitucional. La disputa sobre la convocatoria de las sesiones refleja la importancia de seguir los procedimientos formales para que reformas de alto impacto social tengan plena validez y legitimidad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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