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La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes está tan dubitativa sobre la reforma laboral que acaba de presentar el Gobierno de Gustavo Petro que ni los congresistas del Pacto Histórico confirman si van a votar a favor de ese articulado que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó ante el Congreso.
Lo que determine esa Comisión es decisivo porque, si esos 21 congresistas no aprueban el texto, no hay posibilidad alguna de que la iniciativa sea estudiada por el resto del Legislativo para que el presidente Petro pueda cumplir su promesa de aplicar un paquete de reformas sociales.
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La ministra Ramírez decidió asumir un trámite difícil y con un antecedente poco alentador, pues fue la misma Comisión Séptima la que hundió la reforma laboral en junio de este año. El articulado que presentaron en agosto, en palabras del representante del Centro Democrático, Juan Felipe Corzo, es prácticamente el mismo que ya rechazaron y tiene a la mayoría de los congresistas revisando línea por línea el documento.
El Colombiano consultó uno a uno con los integrantes de la Comisión Séptima sobre si apoyan o rechazan el texto que apenas reinicia su trámite en el Congreso y varios de ellos –incluidos los de la bancada de Gobierno– marcaron cuáles son los peros sobre el reencauche de la propuesta.
Si de matemática política se trata, en esa Comisión la oposición es minoría porque apenas hay cuatro congresistas dentro de ese bando (dos de Cambio Radical y dos del Centro Democrático).
Los “independientes” son apenas cuatro (dos escaños del Partido de la U y otros dos del Conservador) y el resto están declarados como partidos afines al Gobierno.
Si las cuentas fueran así de sencillas, los 13 escaños “de Gobierno” en esa Comisión le habrían pasado el articulado al presidente Petro y a su ministra Ramírez en junio, cuando tuvieron la oportunidad política de aprobarla. Pero la cuestión va más allá de una suma básica.
Entre los escaños de Gobierno hay cuatro representantes del Liberal, un partido que viene estudiando si se queda o se va del rancho del petrismo y que pueden armarle –o desbaratarle– las cuentas al Ejecutivo.
Es más, en junio ese proyecto se cayó por falta de quórum sin que ni siquiera se pudieran echar números sobre si tenía un mediano respaldo de los representantes. Los silencios sobre el articulado persisten, ahora no en temporada de protestas contra el Gobierno, sino en plena época electoral en la que los congresistas miden sus declaraciones para no perder caudal político.
Solo la representante Martha Alfonso (Alianza Verde), Germán Gómez (Comunes), Agmeth Escaf, María Fernanda Carrascal y Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) aseguran a raja tabla que van a votar a favor de la reforma laboral.
Otros, incluso dentro de las mismas fuerzas afines al petrismo, esquivan la pregunta señalando que apenas están estudiando el articulado y que asumirán una postura en los próximos días.
Ese es el caso de la representante Alexandra Vásquez (Pacto Histórico), quien le dijo a este diario que está meditando su voto porque, si bien está de acuerdo con la parte individual del articulado, no está tan conforme con las implicaciones colectivas que tendría.
El representante antioqueño Camilo Londoño, de la Alianza Verde, sostiene que está “a favor de lo que le convenga al país para avanzar. No soy de extremos y estamos estudiando el nuevo articulado”.
Pareciera que la Comisión Séptima está en un constante retiro de análisis sobre la reforma laboral, un proyecto de ley acerca del que la Andi y Fenalco ya alertaron sobre el posible riesgo de que se afecte la creación de nuevos empleos.
Representantes como Betsy Judith Pérez (Cambio Radical) y Héctor David Chaparro (Liberal) expresaron que están estudiando el contenido del texto. Una ficha clave de esa Comisión es Víctor Manuel Salcedo (Partido de la U) quien movió los hilos de la reforma a la salud a un punto tal que fue uno de los que la mantuvo con vida en la legislatura anterior.
Pues bien, Salcedo señala que no acompañará el bloque de artículos de la reforma laboral sobre los derechos colectivos, ni lo relativo a la estabilidad laboral, pero que sí tiene afinidades con los derechos individuales que representaría ese texto. Por ejemplo, reconocerles a los trabajadores el valor del trabajo de horas dominicales.
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Mejor dicho: que si se hace ese estudio artículo por artículo terminarían sacando varios puntos que sí son importantes para el Gobierno.
La postura del representante Juan Carlos Vargas, quien ocupa una de las curules de la Circunscripción Especial de Paz, es similar: si bien es un congresista declarado como afín al Gobierno, le dijo a este diario que está “revisando el articulado para definir su posición. Estaríamos a favor de algunos artículos y de otros no”.
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