Esa instancia –que está integrada por la Fiscalía, la Procuraduría y congresistas– debe emitir un concepto sobre el documento y, una vez sea se conozca esa postura, el Ministerio de Justicia radicará ese folio ante el Congreso.
Sometimiento de bandas criminales: de cuánto serían sus penas y qué pasará con sus bienes
El texto plantea que los narcotraficantes puedan quedar libres una vez han pagado ocho años de prisión por sus delitos, e incluso daría la posibilidad a esas personas de recuperar su vida civil si ya cumplieron con ese tiempo de condena. Eso sí: condicionado a que se dé la desarticulación de todo el grupo al que pertenecen.
La iniciativa aplica el modelo gringo de sometimiento que le da a los delincuentes que se someten a las cortes la posibilidad de quedarse con parte de las ganancias que consiguieron con sus actividades delictivas. Específicamente, ese articulado plantea que ellos puedan quedarse con el 6% de sus riquezas y, para el resto de los bienes, se aplicará el modelo de extinción de dominio.
“No hay justicia transicional, no hay JEP ahí, esto es justicia ordinaria”, afirmó el ministro Néstor Osuna durante una rueda de prensa.
Según el borrador del documento al que tuvo acceso El Colombiano, una vez se accede al tratamiento penal del que trata esta Ley y hasta la declaratoria de cumplimiento y extinción de la pena ordinaria, serán causales de pérdida individual del tratamiento penal el retorno a las armas: cometer nuevos delitos dolosos, no cumplir con las obligaciones de contribución establecidas en el artículo 11 de la presente Ley, y no cumplir, de manera reiterada e injustificada, con la participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración.
El tratamiento penal consistirá entonces en penas sustitutivas que comprenden dos componentes: uno que implica la privación efectiva de la libertad en establecimiento carcelario y otro restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo.
“El componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo, se cumplirá de manera extramural, y consistirá en la ejecución de las obligaciones de contribución y garantías de no repetición establecidas en la sentencia y, particularmente, en la participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración”, se lee en el documento.
Compromisos para los grupos que se sometan a paz total de Petro
Para acceder a este tratamiento penal, las estructuras armadas deberán asumir obligaciones colectivas que implican manifestar la intención colectiva de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; manifestar la intención colectiva de desmantelar la estructura armada organizada de crimen de alto impacto y sus redes de apoyo; suspender todo tipo de actividades ilícitas y cumplir con la entrega de armas.
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Además, entre los compromisos estarán la entrega de secuestrados y de menores reclutados; así como la entrega de un inventario de bienes y activos vinculados a la actividad ilegal de la estructura e información precisa sobre redes de apoyo, colaboradores, determinadores y beneficiarios de las actividades ilícitas de la estructura y sus redes de apoyo.
El ministro de Justicia también dejó la puerta abierta para que los integrantes de la extintas Farc que dejaron el camino de la paz firmado en 2016 puedan volver a acogerse a la justicia.
“Ya veremos si la Segunda Marquetalia cabe en los términos de esta ley, si podemos hacer algún esfuerzo adicional en ese propósito loable de poder vivir en paz total, pero la oferta que hay aquí no le confiere a quienes se acojan a esta ley estatus político”, prometió el ministro.
La paz total que plantea el Gobierno depende de dos normativas. La Ley de Orden Público que ya fue aprobada en el Congreso en 2022, como una de las primeras movidas legislativas del Gobierno, y este proyecto de ley de sometimiento que está por iniciar su trámite en el Capitolio.
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