La nueva norma busca que se cree una política orientada a “sensibilizar, pero también a responsabilizar a los productores, procesadores, distribuidores de productos alimenticios, consumidores y asociaciones a todos los niveles” sobre el uso adecuado de los alimentos, evitando su desperdicio, informó Caracol Radio.
En ese sentido, uno de sus principales objetivos es que los encargados de producir y comercializar alimentos puedan donar aquellos que no se consumieron o se vendieron a organizaciones que atiendan población vulnerable, o en últimas se destine a consumo animal, explicó esa emisora.
La encargada de formular las medidas pertinentes será la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan), pero solo al final, el texto le endilga a la Dian la responsabilidad de emitir “multas y sanciones administrativas” a quienes incumplan las disposiciones de la nueva ley.
¿Serán suficientes las represalias que la Dirección de Aduanas pueda emitir? ¿Cumplirán las compañías y los colombianos en general sin necesidad de otro tipo de sanciones más drásticas? La formulación de la política podría ir respondiendo a estas preguntas que la ley por sí sola no alcanza a abarcar.
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