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En el medio de la controversia por la libertad de Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordo Lindo’, este jueves la Procuraduría se tomó la cárcel La Picota de Bogotá y adelantó una inspección disciplinaria para determinar si al sistema de información del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) efectivamente ingresó una comunicación de la Fiscalía en la que se advertía que había una orden de captura o medida de aseguramiento vigente contra el ahora prófugo.
Según el Ministerio Público, de haberse tenido en cuenta dicha comunicación, se habría impedido la salida por pena cumplida de alias ‘Gordo Lindo’, decretada por el juez de ejecución de penas el pasado 29 de noviembre de 2022.
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Entre las pruebas practicadas por el organismo, liderado por la Delegada para los Derechos Humanos, estuvieron los testimonios del director del penal, Horacio Bustamante Reyes, así como el de Fabián Andrés Solano Ocampo, Coordinador del Grupo de Gestión Legal de La Picota.
Adicionalmente, se recolectaron copias de los documentos relacionados con el proceso administrativo desde que se conoció la orden de libertad, hasta que se materializó la salida del narcotraficante. A ello se suman “los protocolos establecidos en el penal para surtir este proceso, copias de las consultas hechas por correo electrónico a las diferentes autoridades (DIJIN, SIJIN, Rama Judicial y Fiscalía) sobre procesos pendientes que hubieran podido frenar la liberación y las identidades de los funcionarios responsables de cada proceso y procedimiento, entre otras”.
De acuerdo con la Procuraduría, en el marco de la indagación previa iniciada frente a este caso, solicitará a Fiscalía, Interpol y el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Bogotá copia de sus actuaciones durante los días previos y posteriores a la puesta en libertad de alias ‘Gordo Lindo’.
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Este martes, la Fiscalía respondió a la controversia alrededor de la salida de prisión de alias ‘Gordo Lindo’, quien se encuentra prófugo. Si bien el Inpec aseguró que no hubo irregularidad alguna y que al autorizar su libertad no tenía procesos pendientes, la Fiscalía desmintió al organismo y aseguró que tenía una medida de aseguramiento vigente cuando quedó libre.
En esa línea, el ente investigador calificó como “falsa y temeraria” la versión que lo responsabiliza de no cargar oportunamente a los sistemas oficiales las órdenes de captura vigentes en contra de Gordo Lindo. Por ello, presentó la trazabilidad que evidencia “que era de pleno conocimiento del Inpec y estaba consignado en los sistemas oficiales, desde el 15 de septiembre de 2018, la medida que pesaba en contra de Zuluaga, la cual no fue tenida en cuenta a la hora de dejarlo en libertad”.
La Procuraduría aseguró que el Inpec deberá explicar la situación en la que se encontraba el procesado y si efectivamente fue dejado en libertad, no sin dejar de remitir copias de la boleta de libertad y las constancias de verificación. A ello se suma un informe detallado de los protocolos que se siguen para conceder la salida a un privado de la libertad.
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El director del Instituto, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, señaló este lunes que no hubo ningún vicio en la salida de prisión de Francisco Javier Zuluaga. Según Gutiérrez, cuando Zuluaga quedó en libertad, ya había cumplido las condenas que tenía por tres delitos: concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El confeso narcotraficante llegó a la cárcel La Picota de Bogotá en mayo de 2018, donde estuvo hasta noviembre del año pasado, cuando un juez decretó su libertad. Al momento de la expedición de su boleta de libertad “tenía 48 procesos en revisión”, dijo el coronel Gutiérrez, lo que demoró seis días el estudio de la liberación y llevó a que Gordo Lindo interpusiera un habeas corpus.
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