La Procuraduría General de la Nación le acaba de dar un jalón de orejas a varias ciudades y departamentos por demoras en la puesta en marcha del Programa de Alimentación Escolar (PAE), clave para la alimentación de miles de menores de edad en Colombia.

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Según la entidad, en total requirió a 10 Entidades Territoriales Certificadas por incumplimientos en el inicio del programa. La decisión la tomó luego de ver la información que había publicado la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), que está adscrita al Ministerio de Educación y le hace seguimiento al PAE.

“Ante la situación, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, solicitó información sobre el avance de los procesos contractuales y pidió explicaciones sobre las razones técnicas, administrativas y jurídicas por las cuales no se inició oportunamente la prestación del servicio. También exhortó a la alcaldía de Yopal y la Gobernación del Guainía a tomar las medidas para evitar que los procesos nuevamente se declaren desiertos”, se lee en un comunicado de la Procuraduría.

Valledupar, Barranquilla, Antioquia, Boyacá, Bolívar, Sucre y Casanare son otros de los territorios a los que el ente de control les llamó la atención por la demora en implementar le PAE.

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A finales del 2022, el Ministerio de Educación había anunciado un aumento presupuestal para este programa. Por medio de la Resolución 359 de 2022, el Gobierno había signado un presupuesto de $ 1.2 billones para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2023, $ 103 mil millones más que el año pasado.

Uno de los mayores desafíos que el entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria, había señalado era definir esquemas para promover la transparencia en los procesos de contratación de este programa y lograr una buena coordinación. “Llegar a más de 43 mil sedes educativas solamente es posible con el trabajo articulado con los gobiernos locales, los Comités de Alimentación Escolar, docentes, directivos, acudientes, manipuladoras y operadores”, había dicho.

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