La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría realizó una inspección en la sede en Bogotá de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que está en medio del ojo del huracán, por la administración de los bienes incautados a la mafia y organizaciones criminales. La conclusión más importante es que no hay certeza del número ni del estado de los bienes bajo su gestión.
(Vea también: Luego cinco años, no arranca juicio oral por ‘Cartel de la Chatarrización’ en Valledupar)
La visita a la sede principal de la SAE se ejecutó en el marco de una indagación preliminar contra funcionarios por determinar de esa entidad, con el fin de encontrar posibles autores y responsabilidades disciplinarias. La Procuraduría entró con un equipo técnico-científico, con el objetivo de establecer casos de corrupción.
Aparte de la falta de certeza por el número de bienes y su estado, la Procuraduría encontró que la SAE no tiene claridad sobre la vulnerabilidad y las inconsistencias en el sistema usado por esa entidad para el control del inventario de los bienes. Tampoco son claros los criterios para la distribución que realiza el sistema a los particulares (ciudadanos o empresas) que en algunos casos administran los bienes. Hay concentración de los más rentables, sin auditoría.
(Le puede interesar: Destapan qué señales hacían los árbitros del FPC para avisar si les habían pagado sobornos)
“Se evidenciaron decenas de incumplimientos e inconvenientes en los compromisos suscritos con los particulares encargados de la administración de dichos bienes, ya que no existe un sistema de control y vigilancia de los contratos. Se identificaron arrendamientos que pueden estar por debajo de la estimación mínima fijada por la misma SAE”, explicó la Procuraduría.
La información de la Fiscalía
Hace unos días, la Fiscalía entregó un informe que detalla las propiedades ocupadas con fines de extinción del derecho de dominio desde que el fiscal Barbosa asumió el cargo. Se trata de 19.587 bienes, cuyo avalúo supera los $25.7 billones. Lo que dice el ente acusador es que durante los últimos años se puso en marcha una estrategia investigativa para poner en evidencia a los responsables del manejo irregular de los bienes que estuvieron a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), entidad que antecedió a la SAE.
“Al respecto, hay 105 procesos activos, de los cuales 66 están en indagación, 11 avanzan en investigación, 27 en etapa de juicio y en uno se obtuvo la terminación anticipada. Entre 2018 y 2022, han sido realizadas 29 imputaciones y 20 acusaciones, suscrito 4 preacuerdos, otorgado 5 principios de oportunidad y obtenido 6 condenas. En algo más de 31 meses se hicieron 17 imputaciones, radicado 16 escritos de acusación y logrado 5 condenas, todas están ejecutoriadas”, resaltó el fiscal Francisco Barbosa.
De otra parte, dijo que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impactó el patrimonio de tres de los señalados involucrados en las anomalías detectadas en la DNE. En ese sentido impuso medidas cautelares sobre 91 bienes, avaluados en más de $220.000 millones. Las propiedades fueron ocupadas entre octubre y diciembre de 2021, en Barranquilla, Baranoa y Galapa (Atlántico); y Cartagena (Bolívar).
LO ÚLTIMO
.svg)
