El organismo de control dio a conocer, por medio de un comunicado, que la investigación disciplinaria parte de las denuncias que formuló la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso, “sobre una presunta omisión del director en su deber de proteger los derechos a la salud y a la vida de las personas privadas de la libertad”.
La Procuraduría asegura que ya ordenó recolectar pruebas para establecer si el alto oficial cometió alguna inconsistencia, y para, en caso de ser así, “determinar si son constitutivas de falta disciplinaria”.
Eso sí, el organismo dice que el investigado podrá pedir que se le escuche en versión libre, pues su caso tiene que ver con la autorización del traslado de ocho reclusos de la cárcel de Villavicencio a otras prisiones del país.
Esa operación se llevó a cabo el primero de abril, y según dio a conocer El Espectador los internos fueron llevados en un “bus del Inpec que esparció el COVID-19 a tres cárceles” del país: La Picota, en Bogotá, La Esperanza, en Guaduas (Cundinamarca) y la de Las Heliconias, en Florencia (Caquetá).
El motivo de esos traslados, dice el diario, tuvo que ver con que los señalaban de ser “los líderes negativos que originaron graves alteraciones al orden interno del establecimiento penitenciario y carcelario de Villavicencio”, en medio de la protesta de reclusos en varias prisiones que pedían ser excarcelados por temor a un contagio del virus.
El general Mujica ha dicho que cuando él autorizó esos trasladados todavía no se habían confirmado contagios en reclusos de esa prisión.
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