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La Procuraduría General de la Nación tomó la drástica decisión de iniciar una investigación disciplinaria en contra de Gloria Lyda López Ortiz, quien se desempeña actualmente como directora administrativa de Bienes y Servicios Generales de Risaralda. La razón central para este proceso ha sido la posible irregularidad cometida durante el acto de posesión de la funcionaria en un cargo de alto nivel directivo. Según información publicada por El Diario, el Ministerio Público argumenta que López Ortiz habría asumido su puesto sin acreditar de forma completa y suficiente los requisitos exigidos para desempeñar esa función.
Este proceso disciplinario fue notificado por la Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda. De acuerdo con la comunicación oficial, al momento en que Gloria Lyda López Ortiz se posesionó, presuntamente no presentó todos los documentos requeridos para certificar su formación académica ni la experiencia profesional necesaria, conforme a lo que exige el manual específico de funciones dispuesto para dicha posición.
Uno de los puntos que ha generado mayor controversia dentro del caso es la forma en que López Ortiz intentó cumplir con los requisitos para el cargo. Según la entidad investigadora, la funcionaria habría aportado un título de especialización con la intención de cubrir tanto los requisitos académicos mínimos como de homologar su experiencia profesional. Sin embargo, para la Procuraduría, la utilización de ese único título en dos aspectos críticos no resultaría suficiente para cumplir con las condiciones estipuladas para acceder a un empleo del nivel directivo, permitiendo así su posesión en condiciones que, según la hipótesis de la entidad, serían irregulares.
Esta conducta es analizada por el Ministerio Público desde el 23 de enero de 2023, y la investigación sostiene que la supuesta irregularidad tendría un impacto directo en la organización administrativa del departamento. Por ese motivo, la Procuraduría ha calificado de manera provisional la presunta infracción como una falta disciplinaria grave, adjudicada bajo el concepto de culpa.
El proceso adelantado por la Procuraduría continuará en la etapa disciplinaria pertinente. En este escenario se deberá determinar si, efectivamente, existió un incumplimiento de los requisitos para la posesión, lo que obligará a la entidad a definir las responsabilidades correspondientes y a decidir si se imponen sanciones, siempre en estricto cumplimiento del debido proceso legal.
¿Qué consecuencias puede tener una falta disciplinaria grave en el sector público?
La calificación provisional de la supuesta conducta como una falta disciplinaria grave reviste especial interés, pues en el sector público colombiano estas faltas pueden implicar sanciones como la suspensión, la destitución o incluso la inhabilidad para ejercer cargos públicos por un tiempo determinado. Tales consecuencias buscan garantizar la integridad y la correcta aplicación de las normas en la función pública.
En casos como el de Gloria Lyda López Ortiz, el resultado del proceso estará sujeto a lo que determine la investigación disciplinaria y a la verificación rigurosa de los requisitos al momento de la posesión. De confirmarse irregularidades, la sanción que imponga la Procuraduría podría servir de precedente para fortalecer los controles en la asignación de cargos directivos y reforzar la transparencia en la administración pública.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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