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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 8 años al gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, quien había sido elegido para el periodo 2020-2023. La sanción se impuso luego de que el ente de control determinara que León Flórez firmó un contrato por más de 1.700 millones de pesos con una persona que estaba inhabilitada debido a que había realizado aportes a su campaña electoral para la gobernación.
El contrato en cuestión se realizó durante la pandemia de covid-19, cuando, según la investigación de la Procuraduría, el gobernador contrató de manera directa el suministro de mercados para la población vulnerable.
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La Procuraduría, que también investiga a embajador en Nicaragua, explicó que el valor máximo que podía aportar un particular, ya sea persona natural o jurídica, era de 22’096.965 pesos para no generar inhabilidad para contratar con la Gobernación de Vichada. Sin embargo, en este caso, la persona que realizó el aporte a la campaña del gobernador superó los 40 millones de pesos, lo cual la inhabilitaba para contratar con entidades públicas de Vichada.
Además, la Procuraduría señaló que durante el proceso quedó demostrado que la campaña del gobernador era consciente de la contribución y que el mismo gobernador también estaba al tanto.
Reacción de Álvaro León
En respuesta a la sanción, el gobernador León Flórez expresó su respeto hacia la Procuraduría y su acatamiento al ordenamiento jurídico. Sin embargo, anunció que no renunciará al cargo y apelará la decisión ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.
El gobernador argumenta que la sanción impuesta se basa en una interpretación restrictiva de las normas y considera que no se ha tenido en cuenta el contexto en el que se realizó el contrato cuestionado.
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Es importante mencionar que la Procuraduría puede investigar y juzgar disciplinariamente a funcionarios públicos, pero no tiene la competencia para destituir a los elegidos por voto popular, según una reciente sentencia de la Corte Constitucional en Colombia. Es el Consejo de Estado quien tiene la responsabilidad de determinar la sanción, tras la anulación de las facultades otorgadas a la Procuraduría por la ley 2094 de 2021, según lo precisado por la Sala Plena de la Corte.
Mientras se resuelve el proceso de apelación, Álvaro Arley León Flórez continuará ejerciendo sus funciones como gobernador de Vichada.
El futuro de la situación quedará en manos del Consejo de Estado, que deberá pronunciarse sobre la apelación presentada por el gobernador y tomar una decisión definitiva en relación con su permanencia en el cargo.
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