La flagrante violación de los derechos políticos de la líder opositora María Corina Machado en Venezuela provocó una oleada de rechazo en todo el continente. Incluso, el izquierdista presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la decisión del régimen de Nicolás Maduro de inhabilitarla por 15 años, con lo cual saca a su más peligrosa contrincante de la carrera por las elecciones presidenciales que se deben celebrar en ese país este año.
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Pero el presidente de Colombia, Gustavo Petro, muy activo en la región y en otros ámbitos internacionales en procura de consolidarse como un líder regional, no ha dicho una sola palabra al respecto, pese a que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el 26 de enero, también ha sido cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó que las autoridades venezolanas se eximan de emplear procedimientos administrativos para inhabilitar a candidatos.
Se hubiera esperado que Petro condenara la inhabilitación de Machado y respaldara las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos comoquiera que el hoy presidente de Colombia también sufrió una destitución cuando fue alcalde de Bogotá (por decisión de la Procuraduría de entonces) y recibió el pleno respaldo de ese tribunal internacional.
Por esa razón, muchas voces le reclaman a Petro que no calle frente a los abusos del régimen de Venezuela, pero la proximidad del mandatario colombiano con Maduro hace prever que ese pronunciamiento no se dará.
Una de esas voces es la de Human Rights Watch (HRW), la organización internacional e independiente que funciona como parte de un movimiento vigoroso para defender la dignidad y los derechos humanos.
La directora de la División de las Américas de HRW, la colombiana Juanita Goebertus, le escribió una carta al presidente Petro pidiéndole que manifieste “de forma pública y en sus interacciones privadas” con el régimen de Venezuela, su preocupación por la inhabilitación de Machado.
Recomienda a Petro que, junto con otros gobiernos latinoamericanos, inste a Nicolás Maduro a cumplir con las obligaciones del acuerdo de Barbados, incluyendo la revocación de inhabilitaciones arbitrarias, la elaboración de un calendario electoral certero y la realización de elecciones con observación internacional de la Unión Europea.
“La inhabilitación de Machado, por un período de 15 años, impediría que participe en las elecciones presidenciales que deberían realizarse este año en Venezuela”, dice Goebertus en un aparte de su carta. “Esta decisión viola sus derechos políticos y amenaza los derechos de todos los venezolanos a participar en elecciones justas y libres”.
Para HRW, se trata de una determinación que pone en crisis un aspecto central del acuerdo de Barbados, donde ambas partes se comprometieron a garantizar “el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y de acuerdo con mecanismos internos, atendiendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”.
Eso puede “poner en riesgo el futuro del diálogo” entre el régimen y la oposición, y la posibilidad de “una solución negociada para restaurar la democracia en Venezuela”, agrega la misiva. “Tristemente, esta decisión ocurre en un contexto de amplias restricciones al derecho a participar en elecciones justas y libres, incluyendo detenciones arbitrarias, acoso y restricciones a la sociedad civil, la prensa independiente y los opositores políticos”.
Goebertus recuerda que recientemente, mientras Maduro convocaba a sus seguidores a utilizar la “furia bolivariana”, sus partidarios ejecutaron “actos vandálicos en las sedes de partidos políticos de oposición, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, y las fuerzas de seguridad detuvieron a coordinadores del partido Vente Venezuela, que lidera Machado”.
“Cualquiera sea la afinidad política de los gobernantes de la región con la señora Machado, defender su derecho a participar en las elecciones es defender el derecho de todos los venezolanos, incluyendo de quienes la eligieron como representante de la oposición, a participar en elecciones justas y libres”, advierte HRW.
La directora de la División de las Américas de HRW apela al acceso que tiene Petro al régimen de Maduro para que pueda “desempeñar un rol positivo en este momento determinante para el futuro de Venezuela. Asegurar un retorno de una democracia respetuosa de los derechos humanos en Venezuela debe ser una prioridad de toda la región y en especial de Colombia”, finaliza.
Colombia🇨🇴| Le envié una carta al presidente @petrogustavo pidiéndole que condene la inhabilitación de @MariaCorinaYA.
Los gobiernos de la región deben exigir elecciones justas y libres en Venezuela.https://t.co/latDKGEDop pic.twitter.com/lclcFwuvEQ
— Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) February 2, 2024
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