Poco a poco se conocen detalles sobre las actuaciones durante la movilización de campesina del pasado de marzo en contra de la empresa Emerald Energy, que tuvo lugar en la inspección Los Pozos, San Vicente del Caguán (Caquetá) y derivó en la muerte de dos campesinos, un policía y la retención de 79 policías durante 31 horas.

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El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ya se había hecho cargo de no haber enviado apoyo de las Fuerzas Armadas a los agentes retenidos por la comunidad pues bajo su óptica podía generarse algo mucho más grave si intervenían.

Esto, debido a que su entrenamiento consiste en el uso de las armas y no el diálogo, como dicta el protocolo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (anteriormente llamado Esmad) que fue la que atendió la situación.

Ahora fue el propio presidente Gustavo Petro quien se responsabilizó de las órdenes de no intervención que recibió el Ejército. Por medio del lugar en el que ya se hicieron habituales sus notificaciones, su cuenta de Twitter, el mandatario reconoció que dio la orden para evitar una masacre.

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Petro añadió que dicha orden se dio “en el primer momento de la asonada contra la empresa Emerald”, cuando se produjeron las tres muertes que registró el hecho y que fue con la presencia del Gobierno que “se logró la liberación de todo el personal retenido y la negociación pacífica”.

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Por otro lado, el mandatario comentó las razones de la movilización que concluyeron con la firma de un decálogo de compromisos con la Coordinadora del Suroriente Colombiano de los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas).

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Según dijo, la protesta de los campesinos se dio porque “sienten que incumplieron acuerdos firmados por el gobierno Duque en Altamira y por el incumplimiento de sanciones impuestas a la empresa”.

Por ese motivo, suscribieron el acuerdo para recapitular los pactos firmados anteriormente sobre reconversión productiva, detención de la deforestación, defensa de la amazonia, sustitución de cultivos, defensa y seguridad.