Según una resolución de un caso estudiado por la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la fuerza pública, los pueblos indígenas wiwa y kankuamo sufrieron desproporcionadamente por las acciones de los militares del batallón La Popa.

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Estos, según la investigación de la justicia transicional, cometieron al menos 12 ejecuciones extrajudiciales contra miembros de estas comunidades en San Juan del Cesar (La Guajira) y Valledupar (Cesar).  Las comunidades fueron estigmatizadas y sufrieron cambios en sus formas de vida, además de la desarmonización en su cultura y su territorio.

Estas consideraciones fueron presentadas por la JEP a las familias y autoridades indígenas el pasado 25 de febrero en los dos municipios. En la reunión con los wiwa, las víctimas le hicieron varias peticiones al tribunal de justicia, la más importante: alejar a los militares de su territorio. 

“Nombraremos las áreas para hacer acercamientos espirituales, pero nada más. No los queremos ver a ellos dentro del territorio porque, primeramente, se nos pueden despertar sentimientos de venganza y no queremos seguir promoviendo la guerra en nuestros territorios, y, segundo, tampoco sabemos de las intenciones que ellos traigan, ya que no tenemos confianza por lo que hicieron anteriormente”, explica Camilo Oñate, hermano de Luis Eduardo Oñate Nieves, un joven wiwa de 17 años de la comunidad de Potrerito, que fue asesinado por militares y presentado como paramilitar, aunque no lo era.

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En la reunión con la JEP, el magistrado Óscar Parra, relator del caso, explicó a las víctimas los avances en la investigación a los responsables de las muertes de Nohemí Pacheco Zapata, una niña de 13 años en estado de embarazo que fue asesinada el 4 de febrero de 2005 en la vereda de Pontón, en Valledupar; y de los jóvenes Luis Eduardo Oñate, de Potrerito, y Carlos Mario Navarro, un joven de 17 años de la comunidad de La Peña de los Indios. Además, las víctimas y autoridades de los pueblos indígenas pudieron hacer preguntas sobre lo que sigue y plantear propuestas.

Víctimas en los municipios en La Guajira y Cesar

  • “Estamos de acuerdo con casi toda la resolución. A través de la JEP conseguimos que públicamente se dijera la verdad, que mi hermano no era paramilitar. Nos sentimos satisfechos porque se ha dado a conocer públicamente que era un joven inocente. En la justicia ordinaria ha sido demorado el proceso y quizás no se hubieran dado las cosas”, señala Camilo Oñate. Para él este espacio fue clave, pues logró entender por ejemplo, que se individualizaron las responsabilidades de los militares y que aún hace falta conocer de dónde vino la orden.
  • “En este documento, que corresponde a ejecuciones extrajudiciales a favor del pueblo indígena wiwa, con especial atención en el territorio, se reconoce que merecíamos la protección del Estado, y que las víctimas fueron asesinadas cuando debían tener doble protección, porque desde el año 2004 el pueblo wiwa es protegido en una instancia internacional a través de medidas cautelares y otra instancia nacional, a través de la Constitución”, dice Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos del pueblo wiwa.

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Los reclamos de los indígenas ante la JEP

El encuentro sirvió a las familias para hacer varios reclamos en materia de justicia y reparación. A pesar de que la JEP no repara a las víctimas, a través sus sanciones sí puede imponer trabajos con contenido reparador y restaurador, y sobre ellos las víctimas pudieron manifestarse.

  • Militares fuera del territorio. Además de pedir que las sanciones se ejecuten por fuera del territorio ancestral, el encuentro sirvió para que, por ejemplo, las autoridades wiwa pidieran “bajar las tropas del cerro del oso, que está en medio del corazón del territorio ancestral del pueblo wiwa y desarticular la represa del río Ranchería”, explica Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos de este pueblo. Según los líderes, la presencia de los militares activos continúa generando temores entre las nueve comunidades aledañas a este cerro sagrado.

Camilo Oñate, sin embargo, señala que al único militar que quieren dentro del territorio es al soldado que asesinó a su hermano. “Con el ejecutor del gatillo queremos hacer un trabajo espiritual bien fuerte, él mismo narra en su historia una versión que nos indica que tenemos que trabajar espiritualmente con él, en un acercamiento de perdón, pero con él nada más”, afirma.

  • Notificaciones en territorio ancestral. Esta primera notificación con pertinencia étnica se realizó en el casco urbano de San Juan del Cesar, por lo que las víctimas tuvieron que salir de sus territorios para acudir al llamado de la JEP. En el encuentro también le solicitaron al magistrado Parra que en la próxima ocasión sea la justicia la que visite, por ejemplo, la vereda de Potrerito, que es su territorio, donde están sus ancestros y donde se sienten más seguros.
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Lo que sigue para la JEP

La JEP no respondió todas las preguntas de las víctimas. Por el contrario, esta justicia se comprometió a crear más espacios en los que pudieran responder a las peticiones de las víctimas, con base en sus posibilidades como institución.

Ahora, este caso deberá pasar a manos de la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, que es el encargado de condenar y sancionar a los militares. En entrevista con Consonante, el magistrado que preside esta Sección, Camilo Suárez, afirmó que realizarán audiencias en La Guajira para determinar las sanciones para los responsables de este y otros delitos que son competencia de la JEP.

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