Una unión de tablas, una sobre otra, entramaban el entablado en el que retuvieron a Edilberto. Sin la posibilidad de ver la luz del sol, unos dos metros y medio de alto, siete metros de largo y cinco de ancho, eran la dimensión física del lugar de encierro donde la exguerrilla Farc-EP lo secuestró a él y a otras 42 personas, en Cocorná, Antioquia. Durante casi tres años, Edilberto estuvo ahí. En ese mismo lugar comía, hacía sus necesidades fisiológicas. Fueron 31 meses en los que Edilberto estuvo separado de su hija, de su familia, los mismos meses en los que su esposa Gloria Cano protestó incesantemente hasta lograr su liberación.

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De pie y en silencio, después de los testimonios de las varias víctimas de secuestro como Edilberto, se ofreció un minuto de recogimiento en memoria de aquellos que no sobrevivieron. Este acto tuvo lugar durante la tercera audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Medellín. Durante esta semana, la magistrada Julieta Lemaitre escuchará las respuestas, reacciones y observaciones de las víctimas a las declaraciones de los exintegrantes de las Farc que pertenecían en el bloque noroccidental y retuvieron, durante el conflicto armado, tanto a civiles como a militares.

Estos secuestros, según la JEP, tenían como objetivo el financiamiento del grupo armado, así como el intercambio de secuestrados, liberar a guerrilleros capturados, y la ratificación de su control sobre un territorio específico. A Edilberto, por ejemplo, lo privaron de su libertad en medio de enfrentamientos cuando ejercía como policía en la zona urbana Cocorná, Antioquia. En ese entonces, operaba en ese territorio el frente noveno de las Farc, cuyo jefe era Carlos Alberto Plotter. Este frente lo trasladó, junto con otras víctimas de tomas por parte de la exguerrilla en el oriente antioqueño, hasta el corregimiento Santa Ana en el municipio de Granada.

“Yo me convertí para los comandantes un estorbo”, cuenta Edilberto que eso fue lo que encontró en la Policía, después que sobrevivir al secuestro y continuar su servicio militar. Para él, la misma institución les generó una especie de discriminación interna a las víctimas de secuestro, además de una suma desatención al no recibir tratamiento psicológico para transitar la vulneración a la que fueron sometidos. Para él, sobrevivir, además de todas las consecuencias traumáticas del encierro y la falta de cuidado, se sumó que en el momento del secuestro su hija tenía un año, al regresar la encontró a punto de cumplir cinco y tuvo que enfrentarse con la dificultad de que no lo reconociera como su padre.

El liderazgo de Gloria Cano, esposa de Edilberto, surgió a partir de lo que él vivió. Desde el secuestro se unió con otras mujeres que buscaban la liberación de sus seres queridos o el paradero de familiares desaparecidos y juntas fundaron de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, un movimiento social que todavía trabaja en busca de verdad, justicia y reparación. Su bandera: exigir la libertad de su esposo, se mantuvo durante tres años hasta julio de 2001 que fue liberado, y su misión desde entonces ha sido la de exigir una reparación integral al Estado por todos los daños causados a su familia.

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Sobre este caso, afirma la JEP que 26 firmantes de la paz dieron sus declaraciones ante la Jurisdicción, mientras que cinco abandonaron el proceso de paz. Asimismo, se les ha llamado a otros a versión voluntaria por tener posible información, como comandantes de frente y guardias de la extinta guerrilla. Además, se les ha solicitado versiones colectivas que ya suman 76 declaraciones de hechos relacionados con secuestro. En el testimonio específico del bloque noroccidental, la justicia especial ha recopilado 14 versiones individuales y dos colectivas con 64 exintegrantes de las ex Farc.

De ahí que Edilberto y las demás víctimas piden el cumplimiento del Acuerdo de Paz ante las víctimas y la sociedad en general. Además, coincide con su esposa en que debieron haber sido escuchados, como víctimas, antes que los exguerrilleros, afirmando que las declaraciones de estos no coinciden con su testimonio. El sobreviviente también reiteró el abandono del Estado para la protección de sus derechos como funcionario de las autoridades y como víctima después del secuestro. “La herida más difícil de cicatrizar es la tristeza que se lleva en el alma, eso es lo que yo siento realmente”, fue la frase con la que el expolicía cerró su intervención.

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