El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El Gobierno de Gustavo Petro, que terminó sus primeros 12 meses en el poder capoteando duros escándalos por el posible ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial del 2022, quiere abrir un nuevo frente de batalla legislativo y político. Y lo hace en un momento en el que, precisamente, una de las tres ramas del poder público, la Judicial, tiene que pronunciarse sobre los expedientes que tocan su administración.
La notificación la hizo el propio Petro a través de un trino, en el que, al referirse a la multa que por corrupción aceptó pagar Corficolombiana en Estados Unidos por el escándalo de Odebrecht, aseguró que el país necesita de un grupo idóneo de personas que analicen y plasmen en una reforma al sistema judicial la cirugía que, a su juicio, se requiere para frenar la impunidad.
(Lea también: ¿Quién es Eduardo Noriega, el hombre que ha salido en defensa de la campaña de Petro?)
“El Gobierno creará una comisión para la reforma judicial compuesta por las personas que se hayan distinguido por su pulcritud en la administración de justicia, con el fin de redactar la reforma que se presentará al Congreso”, anunció el Jefe de Estado.
Su mensaje es coherente con lo que dijo en campaña, cuando habló en repetidas ocasiones de fortalecer el sistema judicial colombiano. Sin embargo, no deja de llamar la atención que lo pone sobre la mesa en momentos en que su campaña, no él, es indagada judicial y administrativamente tras las declaraciones que su hijo mayor, Nicolás Petro, le dio a la Fiscalía en torno a que personas de dudosa idoneidad le donaron plata a la organización política del presidente.
LO ÚLTIMO
.svg)
