El Gobierno está en máxima alerta por las denuncias que ha hecho la Personería de San José del Guaviare sobre la explotación sexual de niñas y niños indígenas, sobre todo de las comunidades Nukak y Jiw. Por esto, el presidente Gustavo Petro aseguró que al menos 118 militares estarían bajo los ojos de la Fiscalía por abuso sexual de menores de edad en esa región.
Sobre esa grave y preocupante denuncia, el jefe de Estado emitió nuevas órdenes para este viernes. Le pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que envíe una comisión especial para que empiece la atención y restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados por estos delitos presuntamente cometidos por uniformados del Estado. También envío a integrantes de Presidencia al lugar de los hechos.
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“He pedido que una comisión del ICBF y de Presidencia se desplace inmediatamente al Guaviare y atienda las denuncias de violaciones a menores de edad. Este horror lleva años estimulado por la impunidad. Se iniciarán todas las investigaciones, incluso por la omisión de funcionarios”, trinó.
En ese sentido, el ICBF comunicó que la comisión especial ya se encuentra en terreno para verificar la atención que se le ha brindado a las víctimas de la violencia sexual. La entidad agregó que se adelantarán jornadas de identificación de menores de edad en esta situación, como también en consumo de sustancias psicoactivas, alta permanencia en la calle y otras vulneraciones, particularmente en la niñez de las comunidades Nukak y Jiw.
“Como rectora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) he convocado a las entidades que lo conforman a que trabajemos de manera articulada para prevenir y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia del departamento. Es una responsabilidad compartida que nos involucra a todos. Es repudiable y doloroso que este tipo de situaciones que afectan y atentan con la vida e integridad de la niñez se presente, desde el Gobierno Nacional no escatimaremos en esfuerzos para que la violencia sexual no siga acabando con los sueños de lo más sagrado que tenemos, nuestras niñas y niños”, dijo Concepción Baracaldo, directora del ICBF.
El ICBF deberá recibir un informe realizado por la Defensoría del Pueblo para atacar el fenómeno que las autoridades locales, regionales y nacionales han dejado instaurar en la niñez indígena del Guaviare. Según el ICBF, esto se hará en conjunto con la Consejería para las Regiones y la Fiscalía.
Justamente, la Defensoría del Pueblo, que también se encuentra en la zona, hizo un llamado a las entidades del Estado para “dar respuesta urgente y efectiva a esta situación”. Desde la regional del Guaviare, en el último año, se han instaurado más de 300 acciones jurídicas por diferentes vulneraciones a la población de este departamento.
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