El mandatario aseguró que la decisión incluye “medidas de compensación” para atender a los pescadores que dependen de esta actividad.

El ministro de ambiente, Carlos Correa, celebró la determinación y explicó que la idea es que la población que se dedicaba a esa actividad entre a hacer parte de “programas de pagos por servicios ambientales”.

De la misma forma, indicó que la idea es “brindarles la posibilidad de desarrollar una sustitución de actividades y así garantizarles una fuente de ingresos”.

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El ministro también resaltó que se trata de “una decisión muy importante de país” porque “significa cuidar los recursos naturales y nuestro ecosistema”, recordando cuán perjudicial resulta “la pesca de tiburón, esa práctica en que le quitan la aleta y lo botan al mar”:

“El tiburón ocupa el máximo eslabón en la cadena alimenticia y genera equilibrio marino. Por eso, esta decisión de país permite cuidar nuestros recursos naturales y ecosistemas”, recalcó Correa.

La presidencia también subrayó que “los tiburones representan un papel importante en el ecosistema al mantener las especies por debajo de ellos en la cadena trófica“. Además, indica que la ausencia de escualos “ha llevado al declive de los arrecifes de coral, de los lechos de algas y a la pérdida de pesquerías comerciales”.

El tema ya venía generando polémica desde el año pasado cuando una resolución del Ministerio de Agricultura avaló la caza de tiburones, pese a que después hubo organismos de control que se quejaron por ello y esa cartera tuvo que modificarla.

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