Personería investigará compra de teléfonos fijos a $ 3 millones, en la Secretaría de Salud

Tras meses de hacerse públicas las denuncias por sobre costos en algunas compras de la secretaría de Salud, la Personería Distrital abrió una indagación preliminar, para investigar el caso; identificar a los funcionarios involucrados en la negociación, y establecer sus posibles faltas disciplinarias.

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“Proferimos por parte de la Delegada para la Potestad Disciplinaria III, auto de indagación previa, para determinar procesalmente quiénes son los presuntos autores de la conducta que puede enmarcarse en una falta disciplinaria por los sobrecostos de las compras en mención”, explicó Ricardo Medina, Coordinador delegado para la potestad disciplinaria.

La investigación tiene relación con las compras que la secretaría de Salud de Bogotá, a través del Fondo Financiero Distrital de Salud, hizo para las subredes. La denuncia la hizo pública la concejal Maria Victoria Vargas (Partido Liberal), quien primero contó como a través de un contrato adquirieron 510 teléfonos fijos, marca Grandstream, facturados a $3.479.323, cuando en el mercado costaban $198.000, incluido IVA.

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Recientemente, contó como en la compra de 22 digiturnos y 18 reguladores de energía, ocurrió un caso similar.  Según Vargas, entre octubre y diciembre del año pasado “los digiturnos pasaron de costar $41.338.921 a $102.822.258 cada uno, un presunto sobre costo total de $2.262 millones, es decir, de 249%. Y Los reguladores pasaron de costar $25.688.667 a $57.924.985 cada uno, generando un presunto sobre costo total de $1.042 millones, es decir, de 225%”, denunció.

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“Todo esto puede conllevar a un presunto detrimento patrimonial de $5.000 millones, en tan solo 3 Ítems revisados, teniendo en cuenta que este contrato es por algo más de $22 mil millones de pesos”, concluyó la cabildante.

En ambas denuncias, la respuesta del Distrito ha sido que las compras no se pagaron y que están investigando, para iniciar acciones judiciales que correspondan para su terminación. La Personería ahora tendrá que definir, en menos de tres meses, si se avanza a un proceso que termine en sanción o no y contra quién.