La virtualidad que durante más de un año ha funcionado en la justicia penal del país con motivo al coronavirus podría terminar a partir del próximo primero de julio para volver a la presencialidad.

La Cámara de Representantes con 97 votos a favor y 20 en contra aprobó que la justicia penal regresará a los estrados judiciales y que los procesos civiles, administrativos, entre otras, siguieran de manera virtual.

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Aunque todavía falta el debate del proyecto en el Senado, la negativa de la Cámara fue vista para algunos abogados penalistas del departamento del Cesar como un retroceso en la justicia en materia de avance tecnológico.

El abogado Benjamín Jaimes Quintero consideró que la virtualidad ha minimizado las causas por las que comúnmente fracasan las actuaciones penales, puesto que los testigos se pueden presentar desde cualquier parte del país sin necesidad de realizar un gasto económico para asistir a los despachos judiciales.

Sobre todo, los miembros de la Fuerza Pública como Policía, Ejército y CTI de la Fiscalía que son movidos de jurisdicciones y requeridos como testigos dentro de los procesos penales.

“Es un retroceso grave que las audiencias se programen a partir del primero de julio de manera presencial. Es un poco difícil para los litigantes en la medida en que el acceso a los expedientes y la presentación de los mismos elementos materiales de prueba en forma física es más factible teniendo presente a los sujetos procesales, partes o intervinientes, pero eso se ha podido suplir por los medios técnicos. Considero que es mejor que se hubiese procedido a la virtualidad en estas audiencias públicas”, aseveró Jaimes Quintero.

Reconoció, además, que las falencias a mejorar en el sistema son las herramientas tecnológicas.

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“Hay un potencial en cuanto a que cualquier persona que tenga acceso al internet se puede conectar de una u otra manera, que se han presentado dificultades, sí, y que también es cierto que algunas personas toman de pretexto que se dañó el internet o conexión para eludir una audiencia”, puntualizó Jaimes Quintero.

Una visión similar compartió el abogado José Jairo Gutiérrez Martínez, adscrito a la Defensoría Pública, al precisar que regresar al clásico sistema no conlleva a la descongestión de los procesos judiciales.

“El Inpec tiene que hacer el traslado del interno desde el establecimiento carcelario al lugar donde se lleve la audiencia y eso ya complica un poco las cosas, tiene que hacer presencia de igual manera el abogado, la Fiscalía, testigos y en muchas ocasiones los testigos o internos privados de la libertad están en una ciudad diferente, y eso lleva al fracaso”, acotó Gutiérrez Martínez.

La otra cara

En lo que sí está de acuerdo el jurista Gutiérrez es que se regrese a los estrados cuando el caso es complejo, es decir, cuando hay muchos sujetos procesales.

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Mientras que el abogado Luis Alfonso Freite Mendoza consideró que las audiencias presenciales deben darse en la etapa de juicio para mayor garantía y transparencia.

“Es necesario por el tema de la inmediatez de la prueba porque es allí donde el juez va a tener la máxima atención y también las partes de los testimonios. Por ejemplo, si yo tengo tres testigos los puedo meter en la misma sala en mi casa u oficina y escuchan y dicen lo mismo, y yo también tengo que aceptar que probablemente la contraparte haga lo mismo. En el juicio eso no es permitido”, puntualizó Freite Mendoza.

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