En un comunicado oficial emitido este sábado, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, defendió la legitimidad del bombardeo aéreo hecho el pasado 12 de noviembre en zona rural del municipio de Calamar, departamento del Guaviare, contra un campamento de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.
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La operación, que dejó un saldo de 20 fallecidos según el Instituto Nacional de Medicina Legal, incluyó la muerte de siete menores de edad reclutados forzosamente por el grupo armado, un hecho que ha desatado un intenso debate nacional sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el marco del conflicto armado.
El ministro Sánchez expresó un profundo lamento por las vidas juveniles perdidas, reconociendo que los siete adolescentes identificados –cuatro mujeres y tres hombres– eran víctimas del reclutamiento forzado y actuaban en roles de combate continuos dentro de la estructura criminal.
“Lamentamos profundamente que dentro de ellos fueran identificados 7 adolescentes reclutados y utilizados como combatientes ilegales en funciones continuas de combate”, señaló en el documento oficial del Ministerio. No obstante, enfatizó que la responsabilidad primaria recae en los grupos armados ilegales, “quienes exponen a los menores de edad a riesgos de hostilidades, los reclutan, utilizan y obligan a desempeñar roles de combate en abierta violación del DIH y del interés superior de la niñez”.
La defensa de la operación se fundamenta en la necesidad táctica de proteger a un pelotón de 20 militares colombianos que se encontraban en desventaja numérica y geográfica frente a una amenaza letal de más de un centenar de integrantes de las disidencias, potencialmente hasta 150.
Sánchez detalló que la decisión de autorizar el apoyo aéreo cercano, incluyendo el bombardeo, fue tomada con base en inteligencia que advertía un “riesgo extremo” para la tropa y la población civil cercana. “Frente a una amenaza letal… el presidente autorizó un apoyo aéreo cercano que empleara incluso bombardeos”, explicó el ministro durante su intervención en el Encuentro Nacional de Seguridad de Ciudades Capitales, organizado por Asocapitales.
Sin esta acción, según su argumento, se habría lamentado un atentado terrorista contra las fuerzas públicas, lo que habría puesto en jaque la protección estatal a la ciudadanía.
El Gobierno Nacional, respaldado por el presidente Gustavo Petro, ha reafirmado su compromiso con el respeto absoluto a los derechos humanos y el DIH, subrayando que todas las operaciones se planifican considerando escenarios de riesgo, pero priorizando la salvaguarda de vidas en contextos de hostilidad inminente.
“El Ministerio de Defensa expresa su solidaridad a las familias de los menores fallecidos y reafirma su determinación de continuar actuando dentro de los límites del DIH… para proteger a la población de las amenazas que representan los grupos armados ilegales”, concluyó el comunicado. Esta postura contrasta con las críticas de organizaciones como la Defensoría del Pueblo, cuya defensora Iris Marín calificó el suceso como “doloroso e inhumano”, recordando que los menores reclutados son víctimas de ambos bandos y exigiendo precauciones estrictas en futuros operativos.
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— Mindefensa (@mindefensa) November 15, 2025
El incidente reaviva el dilema ético y jurídico en Colombia, donde el reclutamiento infantil por parte de grupos armados persiste pese a los esfuerzos por la ‘paz total’.
En lo que va del año, se han reportado 463 casos de menores reclutados, según datos oficiales, y este bombardeo representa el más letal bajo la administración Petro, quien en campaña prometió evitar ataques a campamentos con presencia infantil.
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Voces como la del sargento en retiro Jorge Chala han exigido incluso la renuncia del ministro, argumentando que la planeación debió priorizar la verificación de la ausencia de menores. Mientras tanto, las autoridades continúan con operativos contra las disidencias, en un esfuerzo por debilitar su expansión en regiones fronterizas como Guaviare y Arauca.
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