Senador del Partido Comunes, excomandante de las FARC-EP, con el Alias "Carlos Antonio Lozada", durante la elección de la mesa directiva para el 2022-2023 de esta corporación.Óscar Pérez
Senador del Partido Comunes, excomandante de las FARC-EP, con el Alias "Carlos Antonio Lozada", durante la elección de la mesa directiva para el 2022-2023 de esta corporación.Óscar Pérez

Los próximos cuatro años en el Congreso serán definitivos para todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Capitolio, ante los aires que pregonan reformas para la manera de hacer política. Aun así, hay una colectividad que tiene un reto mayor, pues tendrá que consolidarse con su gestión: el Partido Comunes, antes FARC. El desafío de sus congresistas, otrora combatientes, radica en que hasta este período, que finalizará en 2026, tienen asegurados 10 curules, cinco en el Senado y cinco en la Cámara, como quedó establecido en el Acuerdo de Paz firmado con el gobierno Santos en 2016. Para continuar, Comunes debe convencer al electorado, y para ello ya tiene la ruta diseñada.

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La confianza está puesta en que el Gobierno, el primero de izquierda progresista en la historia de Colombia, comparta algunas de sus visiones de país, para que así se apoyen las mismas iniciativas que busca el Ejecutivo. Por ahora las perspectivas parecen ser respaldadas, sobre todo en lo que tiene que ver en el enfoque hacia la ruralidad, fortalecer el campo y atender al campesinado, por décadas sumido en el abandono estatal. La mayoría de las iniciativas que han llegado al Congreso por parte de los exFarc están encaminadas a que estas ideas se materialicen.

El senador Julián Gallo, conocido en la extinta guerrilla como Carlos Antonio Lozada, habló con El Espectador y dijo que lo que se ha presentado en el Congreso “tiene que ver con aspectos centrales del Acuerdo de Paz”, entre los que resaltó el de una reforma rural integral, consagrada en el documento suscrito con el gobierno Santos. El 24 de julio de este año, cuando el Congreso llevaba solo cuatro días de haberse instalado, Comunes radicó un paquete de 28 proyectos de ley, dentro de los cuales se contempla la creación de una jurisdicción agraria para solucionar, dentro de otras cosas, los problemas de tierras en el país. Sin embargo, agregó, decidieron retirarlo después de que el gobierno de Petro presentara una propuesta similar, el pasado 31 de agosto.

La apuesta de trabajo para mejorar la ruralidad colombiana parece ser el norte que comparten los distintos congresistas de la antigua guerrilla, pues además de Gallo, la senadora Sandra Ramírez, conocida como Griselda Lobo, concuerda en que la reforma rural “traduce la implementación integral del Acuerdo de Paz”. Además de esto, asegura que la iniciativa para crear la jurisdicción agraria es vital para ayudar a la construcción de esa paz, con la que ellos se comprometieron en 2016 y la nueva que busca Petro con la llamada “paz total”. “Esta jurisdicción es necesaria, porque el conflicto que se ha vivido en nuestro país ha sido fundamentalmente por la tenencia de las tierras y alrededor de esto hay guerra y desplazamiento”, afirmó.

Lo que se ha hecho hasta el momento por parte de Comunes, incluyendo el apoyo a las iniciativas presentadas por el Gobierno Nacional, tendrá más adelante un refuerzo con nuevos proyectos que lleguen al Capitolio con el mismo interés: fortalecer el campesinado. Así, por ejemplo, el senador Gallo habla de un proyecto, que se empezará a discutir la próxima semana en la Comisión Tercera de la Cámara, sobre alivio financiero para el campesinado.

“Hay una cantidad enorme de campesinos que están a punto de perder sus fincas porque, a raíz de la pandemia y el invierno, no han podido pagar sus obligaciones”, explicó.

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Para el legislador, la salida que proponen consiste en que “esas deudas sean condonadas, pues no van a tener esa posibilidad de pagarlas y un aspecto fuerte de este Gobierno es precisamente el campo y ayudarle al campesino”. Asimismo, la senadora Ramírez considera que, de la mano con la nueva administración, podrán alcanzar otra de sus propuestas que es la de mayor inversión en el campo y la mejora profesional y técnica de lo rural.

“Hay que crear la política pública de educación rural. Vamos a educar para la paz. Es uno de nuestros objetivos para llegar al campo con oportunidades para los jóvenes y brindarles las herramientas para que sean profesionales y tecnólogos. Tenemos que vincularlos y evitar que sigan saliendo hacia las grandes ciudades porque no encuentra oportunidades”.

Más allá de lo que han propuesto por sí mismo el Partido Comunes, otra carta que tiene para jugar es la experiencia que le pueden ofrecer al Gobierno en temas de procesos de paz. El presidente Petro está jugado por conseguir la “paz total” con los distintos actores armados, y para eso los ex-Farc han manifestado su disposición para que, cuando el mandatario así lo solicite, puedan colaborar con la iniciativa.

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Según Pástor Alape, uno de los miembros más reconocidos de la extinta guerrilla, hasta ahora no ha habido un acercamiento formal entre el partido y el Gobierno, pero confirmó que han “intercambiado ideas con el comisionado de Paz, Danilo Rueda; con el Ministerio de Interior, y también con el canciller Álvaro Leyva, sobre lo que serían escenarios de participación y diálogos que se establezcan con los grupos armados, que deben ser desde los territorios”.

El bagaje de Comunes en diálogos y procesos de paz sería, según ellos, una ficha que Petro podría aprovechar para consolidar su apuesta. Para Gallo, no es detalle menor “una experiencia que acumula tal vez 30 años de diálogos de paz, pues estuvimos en los de la Uribe (Meta), luego en Caracas (Venezuela), en el Caguán (Caquetá) y finalmente en La Habana (Cuba)”. El ofrecimiento ya está hecho, y ahora el balón está en campo del Gobierno. “Obviamente, desde el Congreso, desde la Comisión de Paz, a la cual pertenecemos, podremos aportar, pero quien define hasta dónde y cómo ayudar son ellos”, concluyó el congresista.