El senador Iván Cepeda y representantes de varias ONG y organizaciones sociales enviaron una carta a la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de la ONU en la que piden que se active la competencia de la CPI para conocer supuestos crímenes cometidos por la fuerza pública durante el paro nacional que afecta al país desde el pasado 28 de abril y que deja un numeroso saldo de muertos y heridos, así como billonarias pérdidas para la economía.
Para cepeda y los demás firmantes de la misiva, el Estado colombiano “no tiene voluntad de adelantar las investigaciones” en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y demás organismos, “debido al exceso de concentración de poder” en cabeza del presidente Iván Duque, “lo que ha quebrantado el principio de separación de poderes, el Estado Social y Democrático de Derecho y los derechos fundamentales de los colombianos”.
La carta, difundida a través del sitio web del senador, también asegura que el informe enviado a la CPI y la ONU contiene “evidencias de delitos contra la población civil en la modalidad de homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas”.
También relaciona al menos 1.595 hechos ocurridos en varios departamentos del país, que demuestran violaciones de DD.HH. De esos hechos, Cepeda y aportó la identidad de 315 personas, documentó 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1365 víctimas de detención irregular.
La denuncia asegura que, entre el 28 de abril, día en que comenzó el paro, y el 10 de mayo, 40 personas murieron “durante procedimientos policiales de contención de la protesta social”. Varias fallecieron, según la denuncia, “por el uso indiscriminado de armas de fuego en […] Cali, Pereira e Ibagué”, y otras 435 personas han sido reportadas como desaparecidas.
Los datos de Cepeda superan en mucho a los que han ofrecido la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, entidades que tampoco presentan cifras unificadas. La Fiscalía habla de 34 muertes ocurridas durante el paro nacional, pero de las cuales solo ha comprobado que 14 sucedieron en el marco de las protestas. La Defensoría habló el martes de 42 muertos; una diferencia de 8 con lo que reconoce la Fiscalía.
Cepeda y los demás firmantes de la carta sostienen que los crímenes que denuncian “han ocurrido con carácter sistemático y se vienen cometiendo, en su mayoría, por unidades de Policía que constantemente minimizan o directamente ignoran la existencia de los crímenes cometidos”. En todo caso, el presidente Iván Duque ha asegurado que van 65 sanciones por abusos de la fuerza pública durante el paro nacional y reconoció que se investigan.
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Sin embargo, Cepeda y los otros firmantes aseguran que los altos responsables “no han sido investigados, procesados o sancionados por el sistema de justicia colombiano”, y que, por el contrario, “están siendo postulados para ascender en su cargo, como es el caso del director de la Policía Nacional, el mayor general, Jorge Luis Vargas”.
Para ellos, existe “una política nacional para atacar a quienes participan en manifestaciones públicas en oposición al Gobierno Nacional”, un hecho que ha negado el Ejecutivo, especialmente ante las críticas que ha recibido de organismos internacionales como la ONU y la OEA.
Dada la situación que presentan, Cepeda y los representantes de ONG y organizaciones sociales piden a la CPI que analice la información suministrada a la luz del Estatuto de Roma para que “determine la existencia de fundamento razonable para incluir dentro del examen preliminar sobre el país esta situación”.
Además, solicitan a la fiscal de la CPI, Fatou Bom Bensouda, que haga una visita a Colombia y le pida al Estado información adicional para ampliar la lectura sobre estos hechos. En concreto, “sobre la investigación, procesamiento y sanción judicial de los responsables materiales y máximos responsables involucrados en los presuntos delitos de lesa humanidad, ocurridos durante las recientes protestas sociales del país”.
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