El Gobierno de Iván Duque, duramente criticado por la comunidad internacional debido a la violenta represión en las masivas protestas, rechazó este viernes los “pronunciamientos externos” sin “objetividad” frente a la crisis social que enfrenta el país.
“Colombia seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional. Pero rechazaremos siempre los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad, y que buscan alimentar la polarización e impedir la construcción de consensos en nuestra patria”, indicó la Cancillería.
Miles de personas protestan desde el pasado 28 de abril contra las políticas del Gobierno en el marco del paro nacional. En algunas ciudades la Fuerza Pública ha reprimido violentamente a los manifestantes y ha habido choques que dejan al menos 27 muertos y más de 800 heridos.
La ONU, la Unión Europea, la OEA, distintas organizaciones de derechos humanos y países como Estados Unidos denuncian el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia durante las marchas, que han sido en su mayoría pacíficas.
“El derecho a la reunión y a la movilización ha sido afectado por vándalos y actores violentos. Estos han agredido a la ciudadanía y a la Fuerza Pública, impactando la seguridad alimentaria, la vacunación, la movilidad y otros derechos”, alegó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se sumó este viernes a los reclamos y condenó los casos de “tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden” en Colombia.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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