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El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación (Sintrenal), que agrupa a cerca de 30 mil empleados administrativos en instituciones educativas públicas de Colombia, ha anunciado un paro escalonado con epicentro en la toma pacífica del Ministerio de Educación Nacional, a partir del 8 de septiembre de 2025. De no atenderse sus demandas, este movimiento podría transformarse en un paro indefinido y en el cierre de colegios públicos desde el 15 de septiembre, afectando a establecimientos en Manizales, Caldas y otros puntos del país. La decisión de Sintrenal obedece a una reivindicación prolongada: el pago de deudas laborales históricas, especialmente en procesos de homologación y nivelación salarial que, según la organización sindical, llevan más de una década pendientes de solución.
La situación se agravó tras el acuerdo suscrito con el Ministerio de Educación en 2023, luego de una movilización nacional y tras acudir al Consejo de Estado. De acuerdo con Etna Ruth Acosta, presidenta de Sintrenal y directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Caldas, el concepto emitido por el Consejo de Estado el 29 de abril de 2025 fue favorable a los trabajadores administrativos; sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio no ha aplicado ni gestionado su implementación. Esta demora ha intensificado la tensión entre los empleados y la administración educativa, pues muchos trabajadores continúan laborando sin recibir sus pagos completos, lo que impacta su cotidianidad.
Según la Contraloría General de la República (2024), el sector educativo enfrenta deficiencias administrativas que afectan tanto a los empleados como a la comunidad escolar. Fallas en la gestión, retrasos en pagos y falta de mecanismos efectivos de control interno han sido señalados por la entidad, que recomienda revisar y renegociar acuerdos laborales para evitar afectaciones al sistema educativo. El caso colombiano no es ajeno a la región: análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2023) indican que países como Chile y México han implementado políticas exitosas para regularizar salarios y evitar conflictos laborales prolongados en el ámbito educativo.
Por su parte, la “toma pacífica” y el “plan tortuga” impulsados por Sintrenal encuentran sustento en los artículos 37 y 56 de la Constitución Política de Colombia, que reconocen el derecho a la protesta y a la huelga. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia reafirmó este respaldo legal, dándole legitimidad a las acciones sindicales en defensa de los derechos de los trabajadores del sector público. Sin embargo, la posibilidad de cerrar más de 7.500 escuelas públicas genera inquietud sobre el impacto que podría tener en estudiantes, maestros y familias, considerando los retrasos generados en la educación tras la emergencia de la COVID-19.
Los testimonios recogidos en investigaciones periodísticas, como los publicados por El Espectador en 2025, profundizan la dimensión humana de este conflicto, revelando que el retraso en los pagos no solo representa una crisis salarial, sino también una cuestión de dignidad y estabilidad emocional para los empleados. Por tanto, el seguimiento a los compromisos asumidos y al diálogo entre el sindicato y el gobierno resulta esencial para comprender y abordar la raíz de un problema que afecta a uno de los sectores más estratégicos para el desarrollo del país.
¿A quiénes afecta directamente el paro de Sintrenal? La convocatoria de paro realizada por Sintrenal afecta principalmente a los empleados administrativos de las instituciones educativas públicas, quienes cumplen funciones esenciales para el funcionamiento cotidiano de los colegios. Estos trabajadores no solo están presentes en áreas de soporte, sino que también aseguran que la gestión administrativa, la logística escolar y tareas de apoyo a estudiantes y docentes se mantengan operativas. El paro, por ende, podría incidir directamente en la prestación de servicios básicos como matrículas, atención a familias, entrega de información y organización institucional.
De manera indirecta, el paro tiene repercusiones sobre todo el sistema educativo público colombiano. El cierre de colegios o la interrupción de servicios administrativos podría generar atrasos en procesos académicos, afectar la normalidad de las clases y obstaculizar el acceso de millones de estudiantes y sus familias a derechos fundamentales, especialmente en regiones vulnerables donde la escuela es un espacio central de desarrollo social y protección.
¿Qué significa “homologación y nivelación salarial” en el sector educativo? En el contexto del sector educativo, la homologación y nivelación salarial son procesos mediante los cuales se busca igualar el salario de los trabajadores a las condiciones de quienes desempeñan funciones similares o presentan trayectorias laborales equivalentes. Estos procedimientos suelen ser el resultado de negociaciones colectivas y se implementan para corregir inequidades históricas en los pagos entre empleados con igual perfil profesional o responsabilidades dentro del sistema educativo.
Para los empleados administrativos de las instituciones educativas públicas, la homologación y nivelación salarial representan aspiraciones justas de reconocimiento económico y profesional. Su exigencia responde a la necesidad de conseguir condiciones laborales dignas y evitar rezagos en comparación con otros funcionarios públicos que han experimentado mejoras salariales, motivo por el cual el cumplimiento de acuerdos en este sentido es una demanda prioritaria de los sindicatos como Sintrenal.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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