“La primera prioridad es adoptar todas las medidas necesarias para proteger a líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes”, explicó Ruiz Massieu, que avisó de que la violencia en contra de estas personas se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional.

En total, 195 excombatientes han sido asesinados en Colombia desde la firma de la paz y la ONU está especialmente preocupada por la situación actual en Putumayo, donde en las últimas semanas se han repetido ataques y amenazas a líderes sociales y personas que impulsan la sustitución de cultivos ilícitos.

Como nota positiva, el representante de Naciones Unidas destacó la detención del disidente de las Farc Abel Antonio Loaiza Quiñónez, alias ‘Azul’, al que las autoridades acusan de ser el responsable de asesinatos de líderes sociales y excombatientes de la antigua guerrilla en esta zona fronteriza con Ecuador y Perú.

Ruiz Massieu alertó además de las amenazas lanzadas en los últimos días por grupos armados ilegales contra la población en Argelia, en Cauca.

“Así como diferentes sectores en Colombia se están uniendo para enfrentar la pandemia, es necesario que todos los sectores se unan para poner fin a la epidemia de violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes”, defendió.

Ruiz Massieu recordó que, siguiendo el llamamiento de la ONU a una tregua global por el COVID-19, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) declaró un cese del fuego unilateral de un mes durante abril, pero alertó de que los enfrentamientos entre grupos armados ilegales continúan en varios departamentos.

Por otra parte, la ONU urgió a fortalecer las bases del proceso de reincorporación a largo plazo y asegurar que los beneficios de la reincorporación lleguen a todos los y las excombatientes, independientemente del lugar en que viven.

En ese sentido, considera que el coronavirus hace que sea aún más crucial prestar especial atención a excombatientes que viven fuera de los antiguos ETCR, ya que tienen un acceso más precario a servicios básicos como agua potable y saneamiento.