La carta fue dirigida a la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos y se queja por la intervención de la diplomática en la presentación de un informe independiente sobre la actuación de la Policía en las protestas de Bogotá de septiembre de 2020.

“En sus declaraciones, usted parece refrendar el contenido de un documento que el Estado no conocía hasta ayer y que plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y, en particular, en la Policía”, le dice Marta Lucía Ramírez a la representante, Juliette de Rivero.

Ramírez aseguró que con su presencia como representante de la ONU en la presentación del informe y su intervención “se pone en riesgo la confianza que debe prevalecer en las relaciones entre el Gobierno y la Oficina, y se dificulta la comunicación y la cooperación que constituyen la esencia de su mandato”.

Rivero participó el lunes en la presentación de la investigación independiente encabezada por el exdefensor del Pueblo de Colombia Carlos Negret, en la que se recoge que el 9 y 10 de septiembre de 2020 la Policía “reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha”.

Además, en el informe se habla de una “masacre” donde murieron 11 jóvenes y que “ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes, en un contexto social complejo y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo”.

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Durante la presentación, Rivero subrayó que la Oficina de la ONU para Derechos Humanos brindó asesoría técnica en la elaboración del informe, que pidió la Alcaldía de Bogotá, calificó las conclusiones del informe de “devastadoras” y se mostró afectada “por el daño que nos podemos hacer unos a otros cuando nos miramos y respondemos una situación con odio”.

“Con los relatos de vida de hoy, el doctor Negret ha dignificado a las víctimas, esto era deuda. Muchos se pondrán sentir deshauciados frente a esta situación; (…) acá se plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y en particular en la Policía”, dijo Rivero, quien remarcó que el “objetivo no es desacreditar a la Policía ni ensuciar la imagen; por lo contrario, es restaurar la confianza, usando la verdad para reformar”.

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Sin embargo, la vicepresidenta puntualizó que el informe fue dirigido por Negret, quien aspira a una curul en el senado de Colombia en las elecciones de marzo de 2022, y le transmitió que “el Gobierno colombiano debe llamar la atención sobre los efectos desafortunados que su participación en el evento genera, no solo por el mensaje que se transmite a la opinión pública, sino a las propias instituciones del Estado”.

Además, le recordó que las formas de comunicación entre sus oficinas deben seguir los canales oficiales y diplomáticos y le aconsejó que las acciones de esta oficina de la ONU se basen en “fomentar un clima de confianza, corroborando todas las informaciones con fuentes oficiales, en aplicación de los principios de imparcialidad, objetividad, independencia y transparencia que deben regir todas sus actuaciones”.