Un documento de la ONU, presentado este miércoles en Bogotá, precisa que durante el 2019 fueron asesinados 108 defensores; 66 indígenas del Cauca, entre ellos 13 de sus autoridades, y 45 miembros de la comunidad LGBTI los asesinados el año pasado.

El organismo también registró 36 masacres, la cifra más alta desde 2014 y recoge “15 casos de presuntas privaciones arbitrarias del derecho a la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía”.

De los 108 casos de líderes sociales asesinados, el 75 % ocurrió en zonas rurales y el 86 % en municipios con “un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional”, detalló Alberto Brunori, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en alusión tácita a la relación de estos crímenes con su ocurrencia en zonas alejadas y con poca presencia estatal.

La situación parece no cambiar en 2020 y es por ello que la Oficina estudia 31 casos de los cuales comprobó cuatro, mientras que organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ya cifran en 51 los asesinatos de líderes sociales en lo que va del año.

En ese sentido, Amnistía Internacional (AI) sumó cifras de otras organizaciones en su informe “Los derechos humanos en las Américas: retrospectiva 2019”. Por ejemplo, citó a la Defensoría del Pueblo para afirmar que tras “la firma del acuerdo de paz (…) habían muerto de manera violenta 482 defensores y defensoras de los derechos humanos”.

Además, la ONG Somos Defensores “registró 591 ataques contra defensores y defensoras (29 % de mujeres y 71 % de hombres) entre enero y junio del 2019, incluyendo 59 homicidios y 477 amenazas de muerte”.

Según AI, el año pasado continuó la preocupación en Colombia “ante la impunidad de los crímenes” cometidos durante el conflicto armado, así como contra defensores de derechos humanos y la violencia contra las mujeres, “en especial la violencia sexual”.

En enero, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), citado en el informe, declaró que en Colombia había al menos cinco conflictos no internacionales, cuatro de los cuales implicaban al Gobierno contra las guerrillas del Eln, el Epl, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y disidentes de las Farc. “El quinto conflicto armado no internacional implicaba al Eln y el Epl y se centraba en la región del Catatumbo”, añadió.

Amnistía Internacional también advirtió que entre enero y julio más de 32.000 personas fueron desplazadas de sus hogares y más de 350.000 “se vieron afectadas por graves restricciones a la libertad de circulación y al acceso a servicios básicos”, advirtiendo que “las consecuencias las sufrían principalmente las comunidades indígenas y afrodescendientes”.

Una de las denuncias más impactantes la hizo el delegado Brunori, quien manifestó su preocupación por “información documental que indicaría” que el 8 de abril del año pasado, miembros de grupos criminales participaron en “una operación militar oficial” en el municipio de Valdivia, Antioquia. En ella, explicó, los delincuentes portaron armas y realizaron “acciones que son prerrogativa de las autoridades del Estado, tales como allanamientos, incautaciones y detención de personas”.