En un documento sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la alta comisionada, Michelle Bachelet, instó al Gobierno a “iniciar investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad durante las recientes protestas sociales”.

Además de pedir que los ajustes se ciñan a “normas y estándares internacionales”, Bachelet se refirió brevemente a la intervención del Ejército en protestas, como sucedió en parte durante el 21 y 22 de noviembre del año pasado.

“La Alta Comisionada llama al Estado a restringir en la mayor medida posible (…) el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social”, se lee en el informe.

La ONU cree que hubo “respuestas excesivas por parte de la fuerza pública” durante el paro nacional, citando la muerte de Dilan Cruz: “Nosotros señalamos en el informe de 2019 que, aparte de la muerte del joven Dilan, ha habido algunos casos de respuesta que excedieron el uso de la fuerza”, afirma. “En el caso de Dilan, llegamos a la conclusión de que pudo haber sido una ejecución”, sostiene.

Además, aseguró que la policía estuvo implicada en “la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, como son la desnudez forzada, las amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas”, contra los manifestantes.

También denunció “ataques contra periodistas” durante las protestas, con 23 casos atribuidos a la policía, según cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa, citadas por la ONU.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que está “analizando” el informe, aunque defendió el papel de la policía en las protestas. “El Esmad cumple con todas las normas internacionales”, dijo a periodistas. “Naturalmente siempre se puede mejorar”, concluyó.