El funcionario y su familia salieron de prisión a mediados de mayo porque se vencieron los términos para que la Fiscalía presentara las pruebas para vincularlos a actos de corrupción.
Según la acusación que presentó la entidad a comienzos de 2019, Ambuila permitía la entrada de contrabando al puerto de Buenaventura aprovechando que ejercía como jefe de carga de la Dirección de Aduanas e impuestos Nacionales (Dian), y eso le permitió recibir gran cantidad de dinero ilícito para que su familia viviera una ostentosa vida rodeada de lujos.
Enfrentó el proceso judicial pero no salió oficialmente de su cargo y por eso intentó volver a este cuando recuperó la libertad, pues no ha sido condenado por ningún delito; para evitarlo, tuvieron que suspenderlo por tres meses sin remuneración, mientras enfrenta una nueva investigación.
La decisión cautelar la tomó la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITCR), adscrita al Ministerio de Hacienda, que llamó a juicio a Ambuila por el incremento patrimonial injustificado que tuvo entre 2013 y 2017. La directora de esa entidad lo explicó en El País:
“La investigación da cuenta de que este señor se ha enriquecido utilizando el cargo. Es decir, los sueldos que él ha devengado no alcanzan a explicar un incremento bastante considerable, por más de 600 millones de pesos. No ha podido explicar cómo un funcionario público, con un salario promedio de cuatro o seis millones de pesos, incrementa su patrimonio en las dimensiones que él lo ha hecho”.
Esto pese a que Ambuila creó empresas fachada y movía el dinero en diferentes tipos de transacciones para aparentar legalidad.
La ITCR “tiene la facultad de investigar y sancionar las conductas por faltas disciplinarias gravísimas” asociadas a hechos de corrupción que puedan afectar el patrimonio público y que sean cometidas por funcionarios de la Dian, Coljuegos y la UGPP, explica.
Además del dinero que no ha podido explicar, la agencia profirió pliego de cargos contra él por irregularidades disciplinarias en su cargo. Ambas faltas se consideran gravísimas a título de dolo, añadió el comunicado de la ITCR.
Por eso, “Ambuila podría ser sancionado con la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por entre 10 y 12 años”, detalló el medio regional.
La suspensión provisional también garantiza que se haga una investigación transparente sin que él la pueda entorpecer si vuelve al cargo.
Esa posibilidad a la que Ambuila apeló se debe a que hasta ahora no ha sido destituido, pues la investigación penal de la Fiscalía estaba en curso, mientras que en la Procuraduría avanza en etapa probatoria, indicó El Tiempo.
La primera investigación la hizo la Dian en 2007 con un proceso disciplinario en su contra “por dejar ingresar al país una mercancía que luego fue decomisada”, recordó El Espectador.
Sin embargo, solo las excentricidades de su hija Jenny Ambuila y los lujos que mostraba en redes sociales llamaron la atención para investigar a la familia, incluida la mamá de la joven, Elba Chará.
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