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El 2023 ha sido un año movido para el caso Odebrecht en varios de los escenarios judiciales que avanzan desde que el escándalo de corrupción que estalló en Colombia en 2017.
Esta semana, el propio presidente Gustavo Petro pidió activar todos los mecanismos de colaboración judicial con Brasil y Estados Unidos, luego de que se supiera que la Comisión de Valores y el Departamento de Justicia estadounidense multaron al Grupo Aval y a Corficolombiana con $80 millones de dólares.
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Un pago para cesar todas las investigaciones en ese país pues, como lo dicen documentos oficiales, ambas participaron en el esquema de sobornos de la multinacional brasileña.
Los coletazos de las noticias desde Estados Unidos y los trinos del presidente se conocieron la misma semana en la que el fiscal Francisco Barbosa anunció una nueva oleada de imputaciones que revelará este jueves.
Mientras las investigaciones penales siguen avanzando, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca hay otro expediente que es una evidencia más de que el proceso de Odebrecht en Colombia está lejos de terminar.
El caso se remonta a mayo de este año, cuando el tribunal aceptó un recurso judicial de Odebrecht en el que, en pocas palabras, decía que la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian) le había cobrado muchos más impuestos que lo realmente debía pagar la empresa.
El movimiento más reciente en ese caso es la respuesta del Estado a una demanda de la multinacional por un tema de impuestos que incluye una novedosa postura jurídica: por la corrupción también hay que pagar impuestos.
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La entidad le dejó claro a la corrupta multinacional por qué había hecho esos cálculos. En una respuesta que llego al expediente el 4 de agosto pasado, la abogada Elizabeth Lamk fue clara: “la DIAN no se equivocó calculando los impuestos porque, así Odebrecht hubiera falsificado facturas para pagar sobornos, nada los exime de pagar impuestos por ese dinero que terminó en el sistema financiero”
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