La Contraloría de Carlos Rodríguez sigue enfilada en no dejar morir la investigación por el fallido y multimillonario contrato para intentar recuperar la navegabilidad del río Magdalena, el cual se suponía iba a iniciar en 2014 y quedó suspendido en medio de un escándalo de corrupción. Rodríguez, hace unas semanas, declaró el caso de interés nacional, por lo que no puede archivarse. Ahora, la entidad abrió un proceso de responsabilidad fiscal que podría terminar en imputaciones y sanciones.
En síntesis, la Contraloría abrió un proceso fiscal en relación con la ejecución con la etapa de preconstrucción del contrato APP [asociación público-privada] 001 de 2014, firmado entre Cormagdalena (la corporación autónoma que tiene por objetivo cuidar el río y recuperar su navegabilidad) y la sociedad Navelena, que estaba integrada en un 85 % por la filial en Colombia de la multinacional brasilera Odebrecht. Aunque Navelena presentó estudios y diseños, los cuales fueron recibidos por Cormagdalena, jamás significaron el inicio del proyecto.
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El contrato tenía una financiación de hasta $ 200.000 millones. Sin embargo, nunca encendió motores. En relación con la fallida etapa de preconstrucción, fueron vinculados como responsables Navelena (en liquidación) y los siguientes directores ejecutivos de Cormagdalena entre 2017 y 2022: Alfredo Varela de la Rosa; Luis Álvaro Mendoza; Lucas Ariza Buitrago; Pedro Pablo Jurado; y Luis Fernando Andrade, quien estuvo encargado en Cormagdalena y quien está en juicio como director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por la corrupta entrega de Ruta del Sol II a Odebrecht.
“De la valoración de información aportada por la Unidad de Análisis de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), se evidencia que Cormagdalena no ha realizado actuaciones dirigidas a dar continuidad a estos estudios y diseños y garantizar su aplicabilidad, pese a que, conforme a lo establecido en el contrato de APP 001 de 2014, estos tendrían una vigencia o vida útil de 30 años”, explicó la Contraloría.
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Asimismo, la Contraloría encontró que los estudios y diseños no han sido tenidos en cuenta en los procesos de contratación posteriores a la liquidación de la APP 001 de 2014. Lo cierto, a la fecha, es que el proyecto para recuperar la navegabilidad quedó en los meros planes desde 2016. Entonces, el interventor encontró que los contratistas no habían podido acreditar cómo iban a financiar la obra (esto en el mundo de los contratos se conoce como el cierre financiero). Para Navelena, la dificultad radicó en que no hubo quién le prestara la plata para el proyecto.
En la búsqueda de esos créditos, apareció el Banco Agrario, quien autorizó la entrega de $ 120.000 millones, que se destinaron a pagar las obligaciones de la etapa de preconstrucción y que recibió la fiduciaria del proyecto, en cabeza del Banco de Occidente, del Grupo Aval. Pero no fue suficiente. Para diciembre de 2016, a Navelena se le apareció un ángel: Sumitomo Mitsui Banking Corporation, un grupo japonés que estaba dispuesto a poner lo que faltaba. Pero ya era demasiado tarde. Seis días después del visto bueno de los nipones, Estados Unidos reveló los pormenores del entramado de corrupción trasnacional cuyo protagonista era Odebrecht.
Lo que siguió ya es historia judicial. Como Colombia estaba mencionado como uno de los países en el que los brasileños habían pagado millonarias coimas para quedarse con contratos de infraestructura, en cuestión de semanas empezaron a caer las primeras fichas. El exviceminsitro Gabriel García Morales confesó que recibió un soborno de US $ 6,5 millones para que Odebrecht se quedara con el contrato de la Ruta del Sol II en 2010. El siguiente fue el exsenador Otto Bula, quien también le contó a la justicia que la multinacional le entregó coimas para interceder por ellos en varias licitaciones.
Entre los señalados, además, está Luis Fernando Andrade, vinculado a dos procesos por Ruta del Sol II y III. Sin embargo, el avance de la justicia por el caso Navelena está encallado. No hay una sola persona vinculada a un proceso penal por el fallido contrato, cuyas pérdidas se estiman en al menos $ 189.000 millones, según la Contraloría. El órgano de control parece enfocar sus esfuerzos en el caso, con miras a imputar responsabilidad fiscal y aportar documentos a la Fiscalía y Procuraduría para que avancen en lo de su competencia.
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