Entre marzo y septiembre de 1982, trece jóvenes, ocho de ellos estudiantes de la Universidad Nacional en Bogotá, fueron arrancados del seno de sus familias sin que hasta hoy se sepa qué pasó con varios de ellos. Ocurrió en una época en la que la desaparición forzada no se consideraba un delito en Colombia y cuando el país sufría unas formas de terror que, se supone, deberían haber sido superadas con la promulgación de la Constitución de 1991.
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Se trató de Édgar Helmut García, estudiante de Sociología; Orlando García Villamizar (Derecho); Pedro Pablo Silva (Enfermería); Edil Brando Joya (Enfermería); Pedro Gustavo Campos (Ingeniería) y Rafael Guillermo Prado (Derecho). También, los hermanos Alfredo Rafael Sanjuán (Arquitectura) y Samuel Humberto Sanjuán (Antropología), a quienes la Comisión de la Verdad atribuye haber pintado al Che Guevara en la fachada del Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional.
Precisamente en ese mismo lugar se hizo esta semana un reconocimiento a esos estudiantes pues su caso, de acuerdo con un despacho de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, es emblemático para el país “porque marca el inicio de la lucha histórica de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos de manera forzada por agentes del F2 (estructura de inteligencia de la Policía disuelta en 1995), y el grupo narco-paramilitar Muerte A Secuestradores (MAS)”.
Junto con esos estudiantes también fueron desaparecidos el mismo año Hernando Ospina Rincón, raptado en su taller de mecánica en el barrio Las Ferias en Bogotá; Francisco Antonio Medina (que apareció muerto el mismo día en Anolaima), y los hermanos Bernardo Helí y Manuel Darío Acosta Rojas, en Gachalá (Cundinamarca). En todos los casos estuvieron involucrados miembros del terrorífico aunque ya extinguido F2.
De acuerdo con el Colectivo de Abogados Jaime Alvear Restrepo (Cajar), a cargo de la representación de las víctimas, los ocho estudiantes de la Nacional y los otros cinco jóvenes (todos, parte del denominado Colectivo 82) fueron vinculados a una investigación penal adelantada por personal del F2 (que fue como se denominó desde su origen la División de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal – Dipec) por el secuestro y asesinato de los tres hijos del reconocido narcotraficante Jáder Álvarez.
Todos, subraya el Cajar, tenían vínculos de parentesco, actividad, estudio, vecindad y afinidad ideológica. Todos, de acuerdo con la Agencia de Noticias de la U. Nacional, fueron “detenidos, torturados y desaparecidos por dichas fuerzas policiales”, y hace décadas “sus familiares se unieron para conformar la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dedicada a reclamar su búsqueda”.
Después de muchos tumbos en los que incluso estuvo involucrada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace dos años la Fiscalía Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos declaró que la desaparición forzada de los 13 jóvenes es un crimen de lesa humanidad, por lo que declaró también la imprescriptibilidad de la acción penal y comunicó la decisión a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que estos hechos hacen parte del conflicto armado colombiano.
Ahora, la Universidad les rindió un homenaje en el que, además de entregar los títulos simbólicos, organizó un acto con presentaciones culturales que configuraron momentos de reflexión y perdón a todos los asistentes. Participaron las directivas del alma máter, encabezadas por la profesora Lorena Chaparro Díaz, vicerrectora de la Sede Bogotá.
Según la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, los ocho estudiantes homenajeados por la comunidad académica de ese centro de educación superior “se suman a la lista de víctimas de desaparición forzada que reciben su título como profesionales de la nación, ya que, en días pasados, a estos actos conmemorativos se unió la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que entregó el diploma simbólico a una de las víctimas”.
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