En debate de control político, el concejal Rubén Darío Correa aseguró que el intercambiador vial de la calle 60 con carrera Quinta no se alcanzaría a construir en la administración del alcalde Andrés Fabián Hurtado debido a factores de tipo técnico y presupuestal.
Pensado como un proyecto estratégico que mejore las condiciones de movilidad de Ibagué y que se constituya en uno de los principales ejes de desarrollo de la ciudad, la Alcaldía cuenta con recursos por el orden de $45.000 millones para financiar su construcción.
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Sin embargo, se advierten posibles problemas. Para empezar, Correa sostuvo que el costo de la megaobra ascendería a $95.000 millones, entre las obras civiles ($75.938 millones), la compra de predios ($19.110 millones) e ítems de tipo ambiental y social ($835 millones).
A modo de contraste, el cabildante recordó que el mismo alcalde Hurtado, siendo secretario de Infraestructura de la Gobernación, valoró el proyecto en unos $31.300 millones, pero hoy el costo sería sustancialmente superior al que se pensó en principio.
Si la estimación resulta certera, el Municipio se vería en apuros financieros para llevar a cabo el proyecto en el corto y mediano plazo, con el agravante de que no se puede acudir a créditos porque la capacidad de endeudamiento del municipio es baja, acotó Correa.
“El Municipio cuenta con la mitad de los recursos para esa obra. No hay más. Con el nivel de ejecución fiscal tan bajo y el nivel de ejecución financiera tan alto, la pregunta es cuánto tiempo estaría demorando la obra y cuánto le costaría a los ibaguereños”, cuestionó.
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La cifra fue entregada por la Secretaría de Infraestructura, en respuesta al cuestionario que el concejal le formuló, pero el jefe de la cartera, Diego Herrán, afirmó durante el debate que aún no se puede determinar el valor hasta tanto los estudios y diseños estén aprobados. Ahí radica el segundo problema.
¿Irregularidades en los diseños?
El contrato de consultoría para la elaboración de diseños se adjudicó a finales de julio de 2020 con un plazo de cuatro meses, pero un año después, por razones no tan claras, los productos del contrato no han sido aprobados.
La semana entrante vence el plazo para que la interventoría del contrato se pronuncie sobre los estudios y diseños. De ser avalados, el Gobierno municipal tendría vía libre para iniciar actuaciones administrativas, contractuales y financieras de la megaobra.
“Me preocupa que nos digan que todavía los productos no están en poder de la Alcaldía porque faltan 17 meses para que este Gobierno se acabe. Sería una irresponsabilidad que arranquen una obra mal planeada y sin la financiación total”, opinó el corporado.
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Al margen de esto, Correa reprochó que se haya destinado $2.073 millones para elaborar nuevos estudios y diseños cuando en 2013, en la administración de Luis H. Rodríguez, se adelantó este mismo proceso por un montó de $1.065 millones.
Para el concejal todo apunta a que se adelantó esa contratación con dos propósitos: inflar los precios y establecer requerimientos técnicos a la medida de un proponente específico. En otras palabras, amarrar el proyecto en beneficio de un particular.
Sin enseñar pruebas, el cabildante dijo que instauró una denuncia penal en la Fiscalía con una serie de audios que demostrarían cómo funcionarios de la Alcaldía, que fungen como ordenadores de gasto, dan instrucciones a interventores para colgarle ‘micos’.
En respuesta a esos señalamientos, el secretario Herrán refutó que los diseños tuvieron que ser actualizados por un razón eminentemente técnica: no cumplían las especificaciones y normas en materia de sismo resistencia y movilidad sostenible.
“Cómo nos pueden pedir que apliquemos unos estudios y diseños que no tienen garantías de sismo resistencia si es el parámetro esencial para las construcciones en Colombia. Ese no es un factor menor. Eso no le cabe en la cabeza a nadie”, protestó Herrán.
Para rebatir las supuestas maniobras de direccionamiento que denunció el concejal, Herrán sostuvo que en los procesos contractuales de la Alcaldía existe pluralidad de oferentes y prueba de ello fue la licitación de la calle 103, a la que se presentaron 157 interesados.
Rubén Darío Correa.
Comunidad inconforme
Invitados por el concejal Correa, tres voceros de los habitantes y comerciantes del sector coincidieron en decir que la Alcaldía no ha tenido en cuenta a la comunidad, y no se les ha brindado información suficiente sobre las características del proyecto.
Según dijeron, a raíz de una caracterización de los sectores afectados pudieron concluir que los comerciantes, empresarios y propietarios están en desacuerdo con el proyecto porque, sin duda, las obras generarán pérdidas económicas.
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Afirmaron que al menos 202 trabajadores podrían perder sus empleos y unas 808 familias se verían afectadas por el cierre de establecimientos, incluyendo a comerciantes informales, en su mayoría madres cabeza de hogar, que están en vilo por cuenta de las obras.
A juicio de ellos, en vez de generar una calidad, la Alcaldía podría redireccionar los recursos para solucionar problemas como el del agua o financiar otros proyectos de infraestructura vial en puntos críticos en las avenidas Ambalá o Pedro Tafur, por ejemplo.
Al respecto, el Secretario afirmó que sí se han adelantado visitas en la mayoría de predios y reuniones alrededor de algunos componentes del proyecto, pero el proceso de socialización detallado depende de la aprobación de los mencionados estudios y diseños.
En todo caso, para no generar incertidumbre, el funcionario señaló que eventualmente se establecerán estrategias de mitigación sobre impactos económicos y se comprometió a establecer mesas de socialización para explicar las características del intercambiador, una vez cuente con los diseños avalados. La idea es no dar información parcial, puntualizó.
Los miembros de la comunidad que asistieron al recinto del Concejo rechazaron con carteles el intercambiador vial, al que llamaron ‘el monstruo de la 60’.
En lo que atañe a la compra de predios, tema en el que Correa advirtió posibles anomalías en el cálculo de las áreas que determinarán el valor de las indemnizaciones a propietarios, el Secretario sostuvo que se tendrán en cuenta parámetros técnicos y mecanismos de la administración pública para garantizar negociaciones que se cumplan de acuerdo a la ley.
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