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El inicio de las obras de mitigación en Supía, ubicado en el departamento de Caldas, representa un avance relevante luego de la emergencia invernal ocurrida en septiembre de 2022. En aquel mes, aproximadamente 1.800 familias se vieron impactadas por inundaciones y deslizamientos, hechos que deterioraron la infraestructura vial y los servicios públicos de la localidad. Inclusive, aunque estas acciones actualmente tienen carácter temporal, su desarrollo responde a la intensificación de la segunda temporada lluviosa del año. Se trata, además, de un cumplimiento formativo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el departamento, enfocándose especialmente en la limpieza y adecuación de los cauces en el río y quebradas clave, como la Quebrada Grande y la Quebrada Rapao, según reportes de LA PATRIA.
La intervención inmediata dispone de tres retroexcavadoras, conforme lo ha confirmado la Secretaría de Hacienda de Supía. El objetivo es recolectar y organizar material fluvial en los puntos más vulnerables, trabajo que se extenderá durante 1.200 horas hasta el cierre de diciembre. Estas labores dan cumplimiento a una orden judicial que exige la implementación de medidas de mitigación como primer paso antes de proseguir con obras definitivas. Sin embargo, el desarrollo de soluciones estructurales aún parece distante, pues se proyecta una inversión cercana a los $200 mil millones, recursos que actualmente no están disponibles, de acuerdo a la información reportada por LA PATRIA.
El caso de Supía refleja las dificultades típicas de la gestión del riesgo en territorios expuestos a fenómenos climáticos y con presupuestos limitados. Un informe del Banco Mundial sobre América Latina destaca que la inversión en infraestructuras resilientes resulta fundamental para reducir la vulnerabilidad ante eventos extremos. No obstante, muchas regiones deben lidiar con obstáculos financieros y técnicos, lo que restringe la puesta en marcha de proyectos definitivos y genera situaciones como la vivida en Supía (Banco Mundial, 2023).
El monitoreo constante, por su parte, ha sido identificado como otro factor fundamental. En Caldas, la Jefatura de Gestión del Riesgo cuenta con 27 estaciones meteorológicas, las cuales ya han alertado sobre 18 eventos de lluvia solo en agosto, asociados a movimientos en masa, vendavales y socavaciones. Como consecuencia, se han registrado dos personas fallecidas y 261 afectadas, mientras que la declaratoria de calamidad pública en junio subraya la gravedad y la recurrencia de estas contingencias. Paula Marcela Villamil, secretaria departamental, ha hecho hincapié en la participación comunitaria para la vigilancia y detección temprana de señales de alarma, especialmente en áreas ribereñas.




A nivel nacional, expertos en gestión del riesgo advierten que se requiere avanzar hacia soluciones integrales que incluyan enfoques basados en la restauración ecológica y la resiliencia social. Ejemplo de ello son las “Soluciones basadas en la naturaleza” (SbN), impulsadas por la UNGRD y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con el propósito de recuperar los ecosistemas ribereños para mitigar el impacto de las crecientes y elevar la capacidad de absorción hídrica, reduciendo la dependencia de infraestructuras rígidas y costosas (PNUMA, 2024).
En último término, la llegada de maquinaria y las primeras labores en Supía simbolizan la voluntad institucional ante la crisis, pero la continuidad y la transparencia en la gestión, sumadas a la colaboración ciudadana, serán decisivas para que estas acciones no se limiten a respuestas temporales. Así, el caso de Supía y Caldas sintetiza el reto más amplio que enfrentan muchas regiones latinoamericanas: convertir esfuerzos iniciales en políticas sostenidas de adaptación y prevención, respaldadas en evidencia, financiación y compromiso efectivo, para proteger a las comunidades frente a la creciente presión del cambio climático (Universidad Nacional de Colombia, 2023; El Espectador).
¿Qué son las “Soluciones basadas en la naturaleza” (SbN) aplicadas a la gestión del riesgo? La pregunta surge de la estrategia mencionada en el texto, respaldada por organismos como la UNGRD y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cuyo objetivo es restaurar los ecosistemas riverinos para reducir los impactos de las crecientes. Cobra importancia porque ofrece una alternativa a la infraestructura dura, tradicionalmente costosa y menos adaptable a los retos futuros. Las “Soluciones basadas en la naturaleza” refieren a intervenciones que utilizan procesos y elementos ecológicos para enfrentar riesgos ambientales. En este contexto, restaurar bosques ribereños o zonas inundables puede ayudar a absorber el agua de lluvias extremas y evitar desbordamientos, complementando la protección de la comunidad frente a desastres. ¿Por qué es fundamental la participación comunitaria en la gestión del riesgo de desastres? El tema aparece en el texto a partir de las declaraciones de la secretaria Paula Marcela Villamil, quien subraya el papel de la vigilancia y alerta comunitarias en zonas vulnerables. Esta pregunta es relevante porque ilustra la importancia de involucrar a quienes habitan los territorios en las estrategias de prevención y respuesta. La participación de la comunidad permite identificar riesgos de manera temprana, transmitir información clave a las autoridades y fortalecer la resiliencia local. Además, facilita la adopción de prácticas cotidianas que pueden reducir la exposición a amenazas, promoviendo una cultura de prevención más allá de la intervención estatal.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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