El presidente Gustavo Petro se encuentra en medio de un revuelo legal tras una demanda presentada por el fiscal Mario Andrés Burgos. Todo surge a partir de unas declaraciones del mandatario, quien lo calificó como “narcofiscal”.
(Vea también: Juliana Guerrero respondió si tiene una relación con el presidente Petro y hasta puso ejemplos)
Un tribunal intervino, ordenando a Petro rectificar públicamente en señal de respeto al buen nombre, la honra y la dignidad de Burgos, dado que el funcionario no posee condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias.
Atendiendo la orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Petro publicó un mensaje donde reconoce la presunción de inocencia del fiscal Burgos y aclara que no existe condena alguna en su contra.
Sin embargo, a través de sus redes sociales, el mandatario sostuvo su postura, argumentando que sus comentarios previos fueron “opiniones y juicios de valor”.
También reiteró su crítica al desempeño del fiscal, señalando deficiencias en la investigación del caso Pecci y recordando que varios investigadores del proceso permanecen detenidos por corrupción.
En mi calidad de Presidente de la República de Colombia, y en cumplimiento de la orden judicial emanada del Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del proceso de tutela con radicado 11001334205420250030100, manifiesto a la ciudadanía:
Primero: Que reconozco…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 16, 2025
Abogado de fiscal Burgos pide desacato contra el presidente Petro
La controversia creció cuando la defensa del fiscal Burgos argumentó que la retractación de Petro no cumplió con los requisitos del tribunal. Alegan que el presidente no admitió expresamente haber difundido información falsa, como se había solicitado, según recogió Blu Radio.
“Con el ánimo de causar confusión en la ciudadanía, y continuar con el suministro de información inexacta, el presidente de la República indicó que el doctor Mario Burgos ‘tiene investigaciones’, sin hacer ninguna precisión respecto a que estas son ajenas a la información que a él se le obligó rectificar”, aseguró Juan Sebastián Rondón, defensor de Burgos, de acuerdo con la emisora.
Por ello, la defensa pidió abrir un incidente de desacato por incumplimiento de la orden judicial. Este episodio se suma a otros procesos judiciales en los que Petro debió rectificar declaraciones controvertidas, abriendo un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los altos funcionarios al emitir acusaciones sin sustento probatorio.
Por ahora, la resolución del caso queda en manos de las autoridades judiciales, que deberán definir si existió desacato y si la rectificación presidencial cumplió con los parámetros exigidos por la justicia.
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