El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La reciente aprobación del presupuesto para 2026 por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro despertó una aguda controversia dentro de la Cámara de Representantes, reflejando el clima de tensión y desacuerdo que domina la política colombiana actual. El extenso debate no se limitó a la revisión de cifras y repartos, sino que evidenció profundas diferencias entre los representantes y una dinámica institucional marcada por el conflicto y la polarización. El proceso, lejos de ser un simple trámite administrativo, se transformó en un escenario donde se ventilaron críticas abiertas y se debatió el futuro de sectores estratégicos para el país.
Uno de los episodios más notorios del debate surgió a raíz del cruce entre los parlamentarios Miguel Polo Polo y Alfredo Mondragón. El foco de la discusión no fue el propio presupuesto, sino la falta de asistencia de Polo Polo a las sesiones parlamentarias. Según datos presentados por la senadora Esperanza Hernández, Polo Polo habría estado ausente en 317 de las 505 votaciones en plenaria durante un periodo y faltó a 23 plenarias en ese mismo lapso, sumando un total de 70 ausencias completas en el periodo 2024-2025. Estos datos subrayan la importancia de la participación activa de los representantes en el Congreso, ya que la ausencia reiterada puede determinar la legitimidad y el alcance de las decisiones que afectan a todo el país.
El debate también resaltó el recorte presupuestal para la Defensoría del Pueblo. Iris Marín, quien lidera la entidad, advirtió sobre una disminución de COP 59.530 millones, lo que representa un 5% menos de lo asignado en 2025. Especialmente crítico es el recorte del 30% en el rubro de inversión, que supone COP 151.222 millones menos respecto a lo solicitado, lo que podría limitar su capacidad para defender derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia para los colombianos más vulnerables.
Estos problemas revelan el reto político que afronta el gobierno de Petro al intentar mantener respaldos clave en un año electoral. Resulta fundamental consolidar alianzas y construir consensos en Cámara y Senado para dar continuidad a los proyectos oficiales, reconociendo que la fragmentación y la polarización pueden obstaculizar el avance legislativo.




En este contexto nacional, la experiencia de otras naciones latinoamericanas demuestra la relevancia del periodismo de investigación en la vigilancia de la gestión pública. De acuerdo con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, iniciativas como la plataforma NINA han permitido fortalecer la transparencia y desenmascarar redes de corrupción. De igual modo, la confianza en medios de comunicación de alto rigor, como The New York Times y Reuters según estándares internacionales, contribuye a un debate público informado y plural.
En suma, la aprobación del presupuesto se convirtió no solo en un trámite financiero, sino en el reflejo de desafíos políticos persistentes en Colombia. El control a la asistencia parlamentaria y la alerta sobre los recortes en organismos clave son recordatorios de la importancia de la vigilancia ciudadana y el debate informado para velar por la estabilidad institucional y los derechos fundamentales.
¿Qué funciones específicas cumple la Defensoría del Pueblo en Colombia? La Defensoría del Pueblo es una institución encargada de proteger y promover los derechos humanos en el país, velando porque las entidades del Estado cumplan con sus obligaciones legales y constitucionales. Su labor es esencial, ya que actúa como mediadora entre los ciudadanos y la administración pública, presentando informes, recomendaciones y alertas tempranas ante vulneraciones o riesgos para la población.
El contexto de los recientes recortes presupuestales es relevante porque eventualmente podrían restringir la capacidad operativa de la Defensoría, limitando su alcance para proteger los derechos ciudadanos y brindar acompañamiento en la resolución de conflictos. Mantener su funcionamiento adecuado es visto como un pilar para la defensa efectiva de los sectores más desprotegidos en Colombia.
¿Cómo influyen las ausencias parlamentarias en la legitimidad de la labor legislativa? La inasistencia de representantes a sesiones y votaciones plenarias afecta de manera directa la legitimidad y representatividad del trabajo legislativo. Cuando los congresistas no participan activamente, disminuye la diversidad de opiniones y se corre el riesgo de que decisiones cruciales se tomen sin la inclusión de todas las voces elegidas por la ciudadanía.
En el caso colombiano, como lo demuestran los datos sobre ausencias presentados en el debate del presupuesto, la falta de compromiso por parte de algunos parlamentarios puede generar desconfianza ciudadana en las instituciones y reducir la efectividad de las políticas públicas. La participación constante y responsable es indispensable para asegurar que los intereses y necesidades de los ciudadanos sean debidamente representados en el Congreso.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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