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Tras un extenso debate de once horas, la Cámara de Representantes aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, que alcanza un monto de $546,9 billones. Una cifra significativa de estos recursos, específicamente $16,3 billones, están condicionados a la aprobación de una reforma tributaria que aún no ha sido votada. Este escenario pone de manifiesto los desafíos técnicos y políticos que rodean el proceso presupuestal colombiano, así como las tensiones latentes en la gobernabilidad que se ven condicionadas por la continua inestabilidad dentro del Congreso.
En el curso de la deliberación, los representantes implementaron ajustes sustanciales, destacando el recorte de $150.000 millones a la Defensoría del Pueblo. Según informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esta reducción adquiere especial relevancia en un contexto nacional de retos estructurales en la protección de los derechos humanos. Paralelamente, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) fue reforzado con $300.000 millones adicionales, una decisión que alimenta el debate sobre la aparente concentración de poder y la opacidad en el uso de fondos reservados, inquietudes recurrentes analizadas por organizaciones como Transparencia por Colombia.
La distribución de fondos privilegia de manera tradicional a los ministerios de Salud, Educación, Defensa, Trabajo y Hacienda, pero se han efectuado incrementos notables para otros sectores. El Ministerio de Comercio obtuvo $150.000 millones adicionales, mientras que Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y Deporte recibieron $200.000 millones cada uno, y la Procuraduría, $600.000 millones para proyectos institucionales. De acuerdo con expertos consultados por La Silla Vacía, estos giros reflejan una lógica parlamentaria orientada más hacia la negociación política que hacia prioridades estratégicas nacionales.
La dinámica legislativa mostró matices contrastantes en ambas cámaras. Mientras la Cámara mantuvo el quórum con la presencia de todos los partidos, el Senado vio frustrada su discusión tras la retirada de la oposición, impidiendo la votación. Esta situación deja el destino del PGN en una encrucijada. Si no se logra el quórum antes del 20 de octubre, el gobierno tendría que recurrir a la expedición del presupuesto por decreto, sujeto a las restricciones de la primera votación y a la incertidumbre de la aprobación de la ley de financiamiento.




El riesgo de un presupuesto por decreto plantea serias dudas sobre la independencia del Congreso y la legitimidad del proceso democrático. Según el Banco Mundial, el fortalecimiento institucional, la participación política y la transparencia son esenciales para mantener la confianza ciudadana y el control democrático. La experiencia reciente, en la que el gobierno nacional emitió el presupuesto de 2025 por decreto ante el fracaso de consensos legislativos, demuestra los peligros que acechan cuando el debate parlamentario se ve bloqueado por tensiones políticas.
La elaboración del PGN 2026 bajo el supuesto de una ley de financiamiento no ratificada reproduce los dilemas del año anterior y pone en evidencia la fragilidad del sistema presupuestal colombiano. El Fondo Monetario Internacional advierte sobre los riesgos de condicionar el presupuesto a reformas fiscales inciertas, arriesgando la sostenibilidad y legitimidad democrática. Más allá de las cifras, el proceso presupuestal actual se convierte en un indicador de la solidez institucional, mostrando una preocupante ausencia de participación opositora, el direccionamiento de fondos a sectores estratégicos para el gobierno y el constante riesgo de que las decisiones se tomen fuera del ámbito legislativo. El desenlace dependerá de la capacidad del Senado para restaurar el debate y evitar, nuevamente, una institucionalidad fiscal subordinada a la coyuntura política.
¿Por qué es clave la aprobación parlamentaria y no el decreto para el presupuesto nacional?
El interés sobre este punto radica en que la aprobación parlamentaria garantiza la participación de diversas corrientes políticas y asegura un control democrático sobre el uso de los recursos públicos. Cuando el presupuesto es expedido por decreto, como advierten el Banco Mundial y expertos citados en el texto, se reduce la legitimidad y la transparencia, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones y debilitando los sistemas de pesos y contrapesos fundamentales para una democracia sana.
¿Qué significa "quórum" en el contexto de la aprobación presupuestal?
El término "quórum" hace referencia al número mínimo de legisladores presentes requerido para deliberar y votar formalmente proyectos de ley. En este caso, la ausencia de quórum en el Senado impidió la aprobación regular del PGN 2026, poniendo en entredicho la representatividad y el proceso democrático del Congreso. Esta situación refleja cómo las estrategias parlamentarias pueden impactar directamente el desarrollo de políticas públicas cruciales para el país.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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