La investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, ha dado un giro crucial gracias al rastreo de un GPS instalado en el Chevrolet Spark gris de placas JFP026, usado durante el ataque.
El vehículo fue localizado a mediados de la semana pasada en los límites entre Soacha y Bogotá, y fue desactivado de forma remota cuando era conducido por Carlos Eduardo Mora González, uno de los implicados en el atentado.
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Según reveló El Tiempo, el apagado del vehículo ocurrió debido a que Mora dejó de pagar la cuota de una aplicación de transporte vinculada al GPS. La situación facilitó su captura, momento en el que decidió entregarse y admitir su participación en el ataque. Aunque Mora aseguró que iba a entregarse voluntariamente, los investigadores creen que su verdadera intención era reunirse con alias ‘El costeño’, identificado como Elder José Arteaga Hernández, una de las piezas clave de la red criminal.
El localizador satelital del Spark, ya en poder de la Fiscalía, ha permitido reconstruir los movimientos del grupo involucrado antes y después del atentado. Mora confesó que recogió a Arteaga el 6 de junio en Soacha, y posteriormente, ambos se reunieron con el sicario que ejecutó el ataque, quien hizo un reconocimiento previo de la zona. La promesa para el atacante era un pago de $ 20 millones.
Elder Arteaga, alias ‘El costeño’ o ‘Chipi’, tiene antecedentes por porte ilegal de armas y hurto, con registros de paso por las cárceles La Modelo (Bogotá) y Acacías (Meta). De acuerdo con un investigador citado por El Tiempo, “es posible que Arteaga conozca quién dio la orden del atentado”, ya que fue el nexo entre varios miembros de la organización.
Además de Mora, han sido detenidos William Fernando González Cruz y Katerine Martínez, alias ‘Gabriela’, una modelo señalada de transportar la pistola utilizada en el ataque. Las autoridades han establecido que las balas estaban modificadas con bronce y latón para hacerlas más letales.
Uno de los elementos más relevantes es que varios de los implicados se conocían desde antes. Arteaga y González Cruz, por ejemplo, coincidieron en prisión y son contactos en redes sociales. Asimismo, González habría estado en el lugar del atentado a bordo de un Volkswagen Jetta azul, vehículo con el que presuntamente ayudó a evacuar a ‘Gabriela’ y a Arteaga.
Ese vehículo, según reveló el medio mencionado, está registrado a nombre de Tannia Alejandra Lozano García, de 23 años, quien afirmó que González Cruz es el verdadero propietario, y que ella solo figuraba como titular mientras se realizaba el traspaso. Agregó que no ha sido contactada por la Fiscalía, pero que está dispuesta a colaborar.
La Fiscalía también ha detectado otros movimientos sospechosos del Jetta: en agosto de 2024 circuló por Teusaquillo (Bogotá), en septiembre por Chocontá (Cundinamarca), y en noviembre por Barranquilla y Corozal (Sucre), lo que podría indicar una planificación extensa del atentado.
¿Quién dio la orden de atacar a Miguel Uribe?
Las autoridades trabajan con la hipótesis de que el ataque contra Miguel Uribe Turbay tuvo motivaciones políticas, en represalia por sus posturas opositoras y su proyección electoral. De hecho, se investiga un intento previo de asesinato durante el Carnaval de Barranquilla, en febrero de 2025.
La Fiscalía también analiza si existen similitudes con otros atentados recientes contra un político regional y un comerciante, que podrían haber sido ejecutados por la misma red criminal. De acuerdo con las investigaciones, al menos dos de los implicados conocen quién dio la orden y temen por su vida.
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Se estima que la banda habría recibido hasta mil millones de pesos por el encargo del atentado, según información citada por El Tiempo. Por ahora, la persecución continúa para capturar a los autores intelectuales, mientras se estrecha el cerco sobre alias “el Costeño” y otros miembros del grupo.
El caso, que ha sacudido al país por sus implicaciones políticas y el nivel de planificación, representa uno de los mayores desafíos recientes para las autoridades judiciales y de inteligencia en Colombia.
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