El anuncio del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, sobre la posibilidad de financiar obras de infraestructura con recursos del fondo pensional, fue otra de esas “metidas de pata” de un funcionario del dirección Petro que luego deben salir a desmentir o explicar.
“Las podemos hacer con recursos del fondo de pensiones, para no tener que recurrir al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales o a la banca usurera”, dijo Dussán sobre algunas propuestas de campaña, en unas desafortunadas declaraciones que horas más tarde aclaró el presidente Gustavo Petro.
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El comentario de Dussán le dio pie a la oposición para cobrar las afirmaciones que hicieron durante la carrera hacia la Casa de Nariño, en la que martillaron la idea de que el presidente Petro “expropiaría” las pensiones de millones de colombianos para llevar a cabo sus promesas de campaña. A su vez, fue un nuevo motivo de desencanto por parte de los partidarios del Gobierno, al considerar que el nombramiento del director de Colpensiones no fue acertado, como tampoco fueron otras designaciones que, más que beneficios, han sido verdaderos dolores de cabeza para el gabinete de Petro y que han sido tan criticados por la oposición como por el oficialismo.
Para no ir muy lejos, hace solo una semana políticos de distintos sectores se fueron con toda contra el nombramiento de Concepción Baracaldo como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Y no solo por su falta de experiencia y su hoja de vida poco acorde con el cargo, algo que salió a la luz cuando se hizo su designación, sino por el desparpajo con el que Baracaldo reconoció que su amiga, la primera dama Verónica Alcocer, la había llamado para ofrecerle el puesto.
Eso dio pie a una serie de especulaciones sobre el papel de Alcocer en los nombramientos y decisiones del Gobierno, pues antes del nombramiento de Baracaldo hubo otra controversia por el nombramiento de la española Eva Ferrer, amiga y asesora de la primera dama en la campaña presidencial, en la Consejería Presidencial para la Niñez. Esto porque tanto contradictores como afines al Gobierno reconocen en Ferrer a una pieza clave en el cambio de imagen que tuvo Alcocer entre las campañas presidenciales de 2018 y 2022.
Además del sector niñez, otras grandes críticas contra el Gobierno se dieron por “compensar” la lealtad política o el apoyo durante campaña a personas que hoy están en embajadas, consulados y el servicio diplomático en general. Nombres como los de Sebastián Guanumen, quien sería cónsul en Chile; Andrés Hernández, exjefe de prensa de Petro y hoy cónsul en México; Armando Benedetti, embajador en Venezuela; Camilo Romero, embajador en Argentina, y León Fredy Muñoz, embajador en Nicaragua, estos tres últimos, excongresistas que hicieron campaña por el Pacto Histórico, recibieron fuertes cuestionamientos por considerar que fue más un “pago de favores” que designaciones basadas en la idoneidad.
En la lista de designaciones que despertaron cuestionamientos también hay que incluir a las ministras de Minas, Irene Vélez, y de Trabajo, Gloria Ramírez, así como el nombramiento inicial de Mery Janeth Gutiérrez como jefe de la cartera de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Los tres nombres fueron muy criticados por quienes consideraban que sus estudios, competencias y afinidades políticas no eran apropiadas para asumir los ministerios. Eso sin contar los ministros y otros funcionarios que también hicieron parte de gobiernos como los de Juan Manuel Santos o Ernesto Samper, por lo que para algunas voces fueron “cuotas” de dichos expresidentes.
A pesar de las múltiples apreciaciones en contra de esos y otros nombramientos, solo la designación de Gutiérrez como mintic se cayó por motivos jurídicos, porque incluso Petro llegó a ratificarla. De resto, no hay un solo funcionario en ejercicio que haya sido apartado de su cargo por orden del presidente Petro. ¿Cómo se entiende esto? Según diferentes analistas, hay una mezcla de prueba a la gobernabilidad, intransigencia de Petro y vigilancia extrema a cada decisión del Gobierno.
La consideración de Andrés Dávila, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, es que el presidente Petro ha sido consistente en la consolidación de un equipo que por lo menos en el primer año tenga buen manejo del Congreso para el trámite de sus reformas. Según explica, “eso le ha dado posibilidad de jugarse algunas cosas y hasta el momento no tiene el desgaste para pedir renuncias o declarar insubsistente a funcionarios”. Para Dávila, al llevar menos de seis meses el gobierno y tener buenos números de aprobación hay todavía una capacidad de sostener funcionarios. “Le dan rigor y credibilidad a su Gobierno”, añade.
Y si bien para Mauricio Jaramillo Jassir, docente de ciencia política de la Universidad del Rosario, la obstinación con determinados nombres sin duda golpea la imagen del Gobierno internamente y le resta credibilidad a pesar de que los números de aprobación se mantienen altos, mantener a personas con tantos cuestionamientos puede ser un golpe a la coherencia.
“Esto suele ocurrir en gobiernos con niveles altos de presidencialismo. Presidentes que tienen contrapoderes muy limitados. En términos generales los gobiernos latinoamericanos ponen figuras polémicas y los mantienen”, plantea el también docente internacionalista sobre una postura que de todas formas considera “normal” para un gobierno que ha generado “mucha expectativa”.
Otra interpretación sobre el fenómeno de nombrar y mantener figuras controversiales y cómo afecta eso la imagen de una administración nacional la da Jorge Iván Cuervo, investigador de la Facultad de Gobierno de la Universidad Externado, quien expone sobre el rol del presidente que, como jefe de Estado tiene como misión armar un equipo capacitado y logre las ejecutorias que se proponen.
Si un presidente no hace buenos nombramientos, señala Cuervo, esto se va a traducir en un bajo desempeño del Gobierno que por supuesto termina impactando la imagen del presidente. “Si la gente espera que pasen cambios en un gobierno, los presidentes realmente tienen muy poca capacidad de inmersión y de acción directa. Los presidentes, en ese sentido, depende lo que hagan sus ‘gerentes’, por llamarlos así. Y tengo la impresión de que Petro no ha entendido muy bien eso. Él cree que puede hacer mucho a punta de declaraciones, pero se olvida que lo puede hacer está condicionado a lo que hagan sus funcionarios”, menciona el académico.
Un segundo elemento que hay que tomar en cuenta es que este gobierno, incluso más que otros anteriores, está bajo la lupa de la opinión pública para observar si los nombramientos y los funcionarios que deban ejercer el cargo tienen la formación y las credenciales necesarias para desempeñarse con la suficiencia necesaria en cada uno de los cargos. Y más que otros gobiernos anteriores, puesto que quizás este gobierno más que ningún otro ha estado bajo el escrutinio público de sus selecciones y decisiones bien para determinar si cumplen con la curva de aprendizaje mínima para ejercer el cargo, pero que fue menos exigente en anteriores gobiernos.
En medio del debate no hay que perder de vista que la de Petro ha sido una presidencia sobrediagnosticada y con el nivel de escrutinio más alto de los últimos gobiernos. Así lo considera la investigadora Patricia Muñoz Yi, directora de Posgrados de la facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, quien asegura que este gobierno tiene un exceso de lupa de la opinión pública sobre los nombramientos y si los funcionarios tienen la formación y las credenciales necesarias.
“Quizás este gobierno, más que ningún otro, ha estado bajo el escrutinio público de sus selecciones y decisiones bien para determinar si cumplen con la curva de aprendizaje mínima para ejercer el cargo, pero que fue menos exigente en anteriores gobiernos”, destaca la analista, y resalta que eso no significa que no debe haber debate público sobre los nombramientos.
Asimismo, coincide con los demás analistas en que este tipo de acciones pueden ir restando en la construcción de la imagen del Gobierno, por lo que hace énfasis en la necesidad de tener en cuenta las posiciones de los diferentes actores e incorporar todas las visiones en el proceso de toma de decisiones. ”En últimas es lo que va a permitir construir la gobernabilidad. Se está gobernando para todos, no para unos pocos”, concluye.
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