El pasado lunes 4 de febrero, el Ministerio de Justicia aseguró que la carta rogatoria fue entregada en esa mañana al Departamento de Justicia de los Estados Unidos luego de que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) otorgara una prórroga de 20 días para recibir las pruebas.

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Esa información se extendió hasta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pues su presidenta, la magistrada Patricia Linares, aseguró en Blu Radio que Gloria María Borrero le insistió en esa versión:

“La ministra de Justicia muy gentilmente me ha mantenido informada y ayer [miércoles], precisamente, nos volvimos a comunicar y me reitera que la carta fue remitida y que ya se encuentra allí [en los Estados Unidos]”.

Sin embargo, este miércoles, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo citado por Caracol Radio que hasta el momento no han “recibido nada de Colombia al respecto”.

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Además, el diplomático señaló que su país ya cumplió con su parte del proceso para llevar a ‘Santrich’ ante los tribunales de su país: “Hemos hecho lo que se debe hacer bajo los términos del tratado de extradición. […] Lo que damos es causa probable”.

Sobre el proceso del otrora jefe del Bloque Caribe de las Farc, pedido en extradición por cargos de narcotráfico, Linares dijo que los jueces deben “proceder a recaudar todas las pruebas que se requiera para poder tomar una decisión en derecho”.

Mientras el paradero de la carta se descifra, ‘Santrich’ continuará preso, pues el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, aseguró que no tiene los mecanismos jurídicos para levantar orden de captura vigente por la que permanece recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá.

“En este caso no hay una ausencia de norma. El Código Penal establece los casos en los que se puede decretar la libertad de una persona pedida en extradición y las hipótesis que plantea esta sala de la JEP no forman parte de las causales para excarcerlar a una persona pedida en extradición”, puntualizó el jefe del ente acusador.

Martínez Neira también aseguró que todas las demoras en el proceso son responsabilidad de la JEP porque el caso “lleva más de 244 días en cabeza de la Jurisdicción Especial, cuando la Constitución habla de 120 días”.