Debido a ese inconveniente, la JEP anunció este lunes que ampliará el plazo “por 20 días hábiles” para “recibir respuesta a la solicitud de asistencia judicial que había hecho, a través del gobierno nacional, a las autoridades de los Estados Unidos en el trámite de garantía de no extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte”, alias ‘Jesús Santrich’, anunció el tribunal en un comunicado.
La JEP argumenta que si la carta llegó a su destinatario casi dos meses después de lo previsto la responsabilidad no es de la jurisdicción, sino de quienes sirvieron como intermediarios.
Es “un hecho ajeno a la jurisdicción que entorpeció el buen funcionamiento de la labor de administrar justicia en el contexto de los acuerdos de paz y no atribuible al destinatario de la solicitud, sino a quien fungía como intermediario o canal diplomático entre los diferentes estados y a la empresa de mensajería que se utilizó para la remisión de la cata rogatoria”, aseguró la JEP.
El tribunal argumenta que la no llegada de la carta evitó que Estados Unidos pudiera contestar la solicitud, y que privó al tribunal de conocer la evidencia con la cual se sustenta el pedido de extradición de ‘Santrich’, acusado de participar en un plan para el envío de 10 toneladas de cocaína a ese país.
Por eso, la JEP decidió extender el plazo ya que al no obtener respuesta se había cerrado la etapa probatoria del caso, el pasado 29 de enero, y se daba paso a la instancia de alegatos entre ambas partes.
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Sobre la extraviada carta, que se envió desde el 11 de diciembre de 2018, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, confirmó en Blu Radio que el trámite se hizo a través de 472 porque se tiene un convenio para que todos los documentos oficiales nacionales e internacionales se envíen por correo ordinario, y por eso atribuyó la culpa a la empresa estatal:
“A nosotros nos llegó esa carta el 3 de diciembre después de que la JEP la había oficiado a la Cancillería, y allí establecieron que no era por conductos consulares sino que era un trámite del Ministerio de Justicia por estar relacionada con extradiciones. Nosotros procedemos a hacer lo mismo que hacemos como 100 veces al mes y es enviar la carta rogatoria a Estados Unidos por 4-72. Ayer me llaman a decirme que todavía está en tránsito en Panamá y que hoy nos daban la razón de por qué no había sido despachada a Estados Unidos”, dijo Borrero en la emisora, el pasado 31 de enero.
A raíz de este inconveniente, la JEP pidió a la Procuraduría que “evalúe si hubo faltas disciplinarias por parte de funcionarios de 4-72 y el Ministerio de Justicia”.
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