Según el documento que le envió al alto tribunal, el 28 de febrero de 2017 hacia las 12:45 de la tarde un desconocido ingresó al despacho judicial y la obligó a tener relaciones sexuales.
Al citar el relato, la Corte no entrega detalles sobre si alguien fue testigo de la agresión, pues es una oficina pública muy concurrida a cualquier hora.
Sin embargo, el texto sí relata el drama que sufrió la víctima los días posteriores, pues regresar a trabajar todos los días la ponía en “la injusta situación de seguir reviviendo la violación sufrida, con las consecuencias de padecimiento que de allí derivan”, aseguró la magistrada ponente, Margarita Cabello.
En el documento en el que se expone el caso, la Corte señala que sufrió “un deterioro progresivo de su condición de salud mental debido a los sentimientos que la acompañaban permanentemente en forma de depresión, llanto, ansiedad y mucha angustia”.
Decidió asistir a la valoración médica que la diagnosticó con trastorno de estés postraumático y se le ordenó tomar medicamentos y varias incapacidades que la tuvieron fuera del trabajo varios meses. La víctima, agregó en El Espectador:
“Yo no podía permanecer mucho en el juzgado, me desesperaba, me ponía a llorar. […] Me dio mucha ansiedad y me refugiaba en la comida. Estoy tomando medicamentos para poder dormir. Estuve tres meses de casi hospitalización psiquiátrica. Mi vida tuvo un giro brutal. El coordinador que está pendiente de los despachos no sabía que llevaba más de seis meses fuera de la oficina”.
Pese al tratamiento su salud mental continuaba deteriorándose y su médico determinó “pertinente el cambio de lugar de trabajo”, por lo que la víctima elevó un derecho de petición ante el Consejo Superior de la Judicatura “con el fin de exponer lo acaecido y solicitar la viabilidad de un traslado a otro despacho judicial, de ser posible en el municipio de Soacha o sus alrededores”.
Sin embargo, la respuesta fue que “…no existe nexo causal entre el riesgo y el ejercicio de actividades de la servidora judicial por lo que no es objeto de protección de aquel organismo” y concluyó que “por circunstancias económicas y criterios de eficiencia no era viable crear un nuevo cargo para que le fuera asignado, menos aun cuando su solicitud refería el municipio de Soacha”.
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La víctima decidió insistir en su traslado a otra sede judicial, con el fin de garantizar su integridad física y emocional, que le volvieron a negar por razones cómo:
– “No ostenta la calidad de servidora de carrera judicial, y por lo tanto no puede ser objeto de traslado”.
– “Debe demostrar una calificación en servicios igual o superior a 80 puntos, los cuales no puede tener pues no es servidora de carrera judicial”.
– “No presentó su solicitud dentro de los cinco primeros días hábiles del mes y tampoco verificó las vacantes disponibles”.
– “Que su petición era genérica y no indicaba el despacho judicial de su interés”.
– “Que la única opción posible era suministrar copia de su hoja de vida para intentar su ubicación laboral cuando se presente un cargo vacante”.
Para la magistrada Cabello, esa decisión “no se acompasa con el deber de protección que ha de brindar el Estado a la personas que han sido objeto de agresiones a causa de su precisa condición”.
La Corte también criticó esa decisión señalando que se “desconoció su situación y la vulnerabilidad en que se encuentra una mujer que ha sido víctima de una violación sexual, permitiendo que una funcionaria de nivel administrativo sin preparación o formación médica ni experiencia clínica se abrogara la facultad para referir que su situación de salud no tenía nexo causal con sus funciones, desconociendo que no se estaba requiriendo el cambio de funciones sino el cambio de ubicación, sugerido clínicamente por los médicos tratantes”.
Adicionalmente, sustentaron su decisión en que “no era posible crear un nuevo cargo”, lo que “no era necesario, […] pues desde el mes de mayo de 2017 existe evidencia que había cuatro cargos vacantes en Soacha para el cargo de escribiente”.
En ese sentido, la Corte resolvió amparar los derechos de la mujer y ordenarle al Consejo Superior de la Judicatura y pedirle a los jueces promiscuos municipales de Cundinamarca que le informaran sobre la lista de cargos vacantes en todas las sedes judiciales para encontrar un lugar donde reubicarla, y garantizar su estabilidad laboral.
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