A mediados de este mes, el país conoció los primeros nombres de integrantes de la autodenominada ‘primera línea’ que serían excarcelados para convertirse en gestores de paz, sin que eso, según el Gobierno Nacional, significara que cesaran los procesos judiciales en su contra por diferentes delitos cometidos en las protestas de abril de 2021 que derivaron en actos vandálicos.
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El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó en ese momento que analizaron más de 200 perfiles de personas que están privadas de la libertad, “con ocasión de hechos ocurrido en protestas sociales y verificamos que formaran parte de alguna organización social, juntas de acción comunal; y le recomendamos al presidente de la República a siete personas para que fueran voceros de paz”.
Los nombres que entregó de miembros de la ‘primera línea’ que quedarían en libertad fueron los de Santiago Márquez Charris, Arles Andrés Bolaños Semanate, Adriana Esperanza Bermeo, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza.
Algunos de ellos fueron dejados en libertad por la jueza Lilyan Jhoana Bastidas Huertas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, contra quien la procuradora general, Margarita Cabello, interpuso una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura por, según la jefe del órgano de control, haber incurrido en dos irregularidades.
Otra suerte corrieron Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza, presos en la cárcel San Isidro, de Popayán, porque la Fiscalía les imputó los delitos de avasallamiento de bien inmueble, violencia contra servidor público y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos durante invasiones de predios privados en el norte de Popayán.
Si bien, en apariencia, estas dos personas, que hacen parte del movimiento ‘Los sin techo tejido popular’, llenaban los requisitos para quedar en libertad en las condiciones que estipuló el Gobierno, el Juez Octavo de Control de Garantías se la negó pues se inclinó por un detalle que alegó en contra de los procesados no solo la Fiscalía, sino la misma Procuraduría y hasta la representación de las víctimas.
La tesis del ente acusador, del organismo de control y del representante de las víctimas es que Duque Ruiz e Hinestroza es que los hechos por los que se investiga a los dos jóvenes tuvieron ocurrencia en el año 2022 y no a las situaciones que se presentaron en abril de 2021 en las manifestaciones que derivaron en actos violentos y vandálicos.
“Estos dos jóvenes que hoy se encuentran privados de la libertad no estaban inmersos en esos hechos, sino que sus conductas estaban estructuradas sobre aspectos desarrollados en el 2022”, dijo William García, abogado de las víctimas, en Caracol Radio.
Por esa razón, Duque Ruiz e Hinestroza deberán seguir presos en la cárcel San Isidro para que respondan desde allí por los delitos que se les imputan.
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