La defensa de Nicolás Petro Burgos sufrió un nuevo tropiezo judicial. El Tribunal Superior de Bogotá rechazó el recurso que buscaba acceder a más pruebas dentro del proceso penal que enfrenta el hijo del presidente Gustavo Petro por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El abogado Pedro Alejandro Carranza, quien representa a Nicolás Petro, había insistido en que la Fiscalía General no entregó todos los documentos solicitados. Sin embargo, el tribunal consideró que la entidad sí cumplió con los requerimientos formales establecidos en la ley, por lo que declaró improcedente el recurso interpuesto.
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La decisión fue tomada por la Sala del Tribunal Superior de Bogotá, que concluyó que no hay justificación para seguir aplazando el caso bajo el argumento de falta de acceso a información. Como señala Infobae, aunque la defensa calificó las respuestas de la Fiscalía como “evasivas e imprecisas”, el tribunal determinó que no existe base legal para obligar a entregar más datos.
El fallo judicial también ordena notificar a las partes y archivar el expediente en cuanto la decisión quede en firme. Según el portal citado, esta decisión pone punto final a los intentos del equipo jurídico de Nicolás Petro por ampliar su acceso a material probatorio dentro de la investigación penal.
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Además, la Fiscalía fue respaldada por el tribunal, que reiteró que toda la información relevante para el caso ya fue entregada. Este pronunciamiento impide que la defensa continúe argumentando que ha existido falta de transparencia por parte del ente investigador.
Cabe resaltar que días anteriores, un juez de conocimiento en Barranquilla levantó la restricción de movilidad que tenía Nicolás Petro. Ahora podrá movilizarse por todo el territorio nacional. Al parecer, tras conocer esta decisión, Petro Burgos se trasladó a Bogotá por motivos de seguridad y viviría en el Centro de Estudios de la Policía Nacional (Cespo).
El proceso penal se remonta a las denuncias hechas por su exesposa, Daysuris Vásquez, quien lo acusó de manejar fondos de manera irregular durante la campaña presidencial de 2022. Desde entonces, el caso ha tenido varios retrasos por cuenta de maniobras legales del equipo de defensa, que ha buscado aplazar audiencias o interponer recursos, estancando la etapa preparatoria del juicio.
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