El aval del proyecto en el Senado de la República ha dejado mucha tela por cortar, pues durante el debate hubo peloteras, discusiones subidas de tono y hasta expresiones desafiantes entre Néstor Humberto Martínez y Angélica Lozano, quienes ahora deberán hablar en los tribunales. 

Todo empezó en la discusión de los montos base para penalizar la evasión tributaria de la actual reforma presentada por Petro. Justo en ese momento, la senadora pidió la palabra y recordó cómo, según ella, el exfiscal Martínez creó una ‘trampa’ en otro proyecto de este tipo que se aprobó en 2016. El hecho lo calificó como una ‘nestorhumberteada’ y hasta trasladó la pelea a Twitter. 

La explicación de Lozano es que en la implementación de esa reforma de hace seis años, Martínez puso un monto de base de 5.000 millones de pesos  en el trámite para incluir el tipo penal, que son la descripciones de acciones u omisiones de un delito en este caso para la evasión tributaria, algo que para la congresista es una especie de ‘mico’ para personas que evadan por debajo de ese monto. 

De inmediato, la respuesta de Martínez fue tajante y, con pruebas en mano, refutó a la senadora y la demandó por injuria y calumnia ante la Corte Suprema de Justicia, según indicó Revista Semana. 

De hecho, el citado medio reveló el documento de la denuncia y un apartado del texto en contra del accionar de Angélica Lozano: “El sentido de dicha intervención no fue otro que el de sugerir que la acción del entonces fiscal general se orientaba a convertir en letra muerta el tipo penal, quién sabe con qué propósitos. Inclusive calificó mi presunta actuación como una ‘nestorhumbertada’”. 

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Sumado a ello, Néstor Humberto Martínez no se quedó callado y adjuntó más pruebas de lo que fue su actuación como fiscal en la reforma que, según Angélica Lozano, él metió una trampa.

“Mediante oficio DFGN No. 03182 del 12 de diciembre de 2016, les manifesté a los presidentes de Senado y Cámara que la controvertida cuantía era ‘irrazonable’, ‘en tanto que el contribuyente cuyo comportamiento fraudulento recae sobre un monto inferior a los cinco mil millones de pesos ($ 5.000 millones), también lesiona los bienes jurídicos tutelados’, reveló.