El problema legal en el que está metida la dueña de la vivienda va más allá de los venezolanos que están en su casa. Al ser invasores, ella asegura que no los conoce y que no hay un contrato de arrendamiento ni, mucho menos, pagos.

“Como es invasión, la Policía como acto inmediato, tiene que acudir al desalojo. Hay un Código de Policía que indica que ellos pueden accionar”, sostiene Abril. Sin embargo, esto no ha ocurrido.

Ya que no ha habido una acción contundente por parte de la institución, la mujer se fue para la Personería de Madrid (Cundinamarca) donde la asesoraron y se hizo una querella que fue enviada a la Inspección Uno de ese municipio.

Después de eso, La mujer asegura que en la Policía le pidieron una ampliación de denuncia, pero el caso ha estado lejos de mejorar.

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“Yo fui personalmente a hablar con el encargado de la Inspección de Policía, pero tengo un problema con ese señor, que no acciona de la manera correcta”, señaló la mujer.

María Isabel Abril dice que el encargado de la Inspección siempre ha sido “tosco” con ella y, “aparte de eso, como que se burla de mi situación”.

Sostiene que el funcionario no ha sido solidario para ayudarla a resolver la invasión a su casa y no ha propuesto ningún tipo de reacción.

“Al contrario, [se ha comportado] para el beneficio de esas personas. Desde el primer momento que lo consulté, siempre se ha presentado distante”.

Abril lamenta la negligencia de las autoridades, pues lleva con este caso desde el mes de agosto y también ha tenido un proceso que no ha sido resuelto por violencia intrafamiliar.

Acá, el testimonio de María Isabel Abril, sobre la invasión a su casa y la negligencia de las autoridades: