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El fallecimiento en vía pública de Andrés García Iglesias, un ciudadano identificado preliminarmente y descrito como consumidor crónico de alcohol en condición de calle, cobró notoriedad tras ser hallado sin signos vitales por personal médico en la Plaza Alfonso López, según información suministrada en el artículo citado. Este caso pone en evidencia la complejidad de las situaciones que enfrentan las personas sin hogar, así como las múltiples fallas en la protección y garantía de sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la salud y a la vida. El hecho trasciende la tragedia individual para iluminar problemáticas estructurales que, de acuerdo con expertos y organismos de referencia, exigen respuestas urgentes y coordinadas.
Las cifras de mortalidad entre las personas que viven en la calle demuestran una vulnerabilidad muy superior respecto al resto de la población, con muertes que suceden a edades considerablemente más tempranas. Aspectos clave como el consumo reiterado de sustancias psicoactivas, la coexistencia de enfermedades crónicas y el escaso o nulo acceso a servicios clínicos configuran un círculo de riesgo del que pocos logran escapar. Organizaciones internacionales como el National Health Care for the Homeless Council señalan que el subregistro y la escasez de datos limitan la capacidad de intervención, mientras que fuentes oficiales locales como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) subrayan aún más la falta de identificación y seguimiento de quienes permanecen fuera del sistema de atención.
En Colombia, como en gran parte de América Latina, la ausencia de estadísticas sistemáticas y la imposibilidad de verificar la identidad de muchas víctimas suponen retos adicionales tanto para la reacción institucional durante emergencias como para el diseño de políticas que propendan por su inclusión y protección. Así, el caso de Andrés García ilustra la crudeza de la exclusión social, en la que factores como pobreza extrema, carencia de redes y crisis de salud mental se conjugan para profundizar la marginación y hacer invisibles las muertes que se dan cotidianamente en el espacio público.
Informes recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) abogan por intervenciones integrales centradas en proveer acceso a vivienda, atención a la salud mental y programas dirigidos a reducir daños asociados al consumo de sustancias. No obstante, la aplicación de estas medidas se ve restringida por falta de protocolos específicos y de articulación efectiva entre los diferentes niveles gubernamentales y sociales.
Desde la óptica periodística, registrar y analizar este tipo de acontecimientos resulta fundamental para suscitar debate público e impulsar transformaciones sustantivas. Tal como lo recomiendan expertos en ética periodística y centros de investigación como el Centro Latinoamericano de Investigación en Periodismo (CLIP), es esencial priorizar una mirada amplia que relacione los hechos individuales con dinámicas sociales más extensas. Solo así se pueden evidenciar no solo deficiencias institucionales, sino también la urgencia de acciones preventivas que aborden causas estructurales de la exclusión urbana, en lugar de limitarse a la atención de sus consecuencias inmediatas.
¿Por qué es frecuente el subregistro de muertes en personas sin hogar? El subregistro ocurre principalmente porque muchas personas en condición de calle carecen de documentos oficiales, lo cual dificulta su identificación o vinculación con los sistemas de salud y estadísticas públicas. Los servicios médicos suelen enfrentar desafíos para determinar causas de muerte o identidades certeras, y la ausencia de un protocolo unificado entre entidades locales y nacionales agrava el problema. Esta invisibilidad estadística repercute directamente en la dificultad para asignar recursos y diseñar políticas efectivas, perpetuando así la marginalización de este grupo social.
¿Qué implica la reducción de daños en el contexto de personas en la calle? El enfoque de reducción de daños se refiere a la adopción de políticas y programas destinados a minimizar los riesgos asociados al consumo de sustancias, sin exigir necesariamente la abstinencia. Para personas que habitan en la calle, esto puede incluir desde el acceso a espacios seguros hasta el acompañamiento de salud mental y la distribución de insumos para disminuir el daño físico. El objetivo es generar condiciones de mayor dignidad y supervivencia, mientras se facilitan caminos hacia la atención integral y la inclusión social, tal como recomiendan organismos como CEPAL y expertos en trabajo social y salud pública.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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