Entre las múltiples actividades que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, realiza para fortalecer el proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro, está la de proponer candidatos como voceros de paz.
Junto a los ministros del Interior y de Defensa, allega hojas de vida a Presidencia para que esta última envíe resoluciones a los jueces solicitando la libertad de jóvenes que, en su mayoría, fueron apresados durante el paro nacional y que podrían servir a la comunidad como mediadores de conflictos.
A la fecha, han sido 17 los jóvenes postulados por los ministerios, de quienes Presidencia publicó sus perfiles y los relacionó con actividades comunitarias en Bogotá y Bucaramanga.
Ese es el caso de Santiago Márquez, de 19 años, quien fue el primer liberado y que según Presidencia sabe lo que es entregar juguetes para la población marginada de niños en Ciudad Bolívar. No obstante, sus tareas como vocero de paz no son claras. Ante ello, el ministro Osuna le respondió a El Espectador que definitivamente trabajará en lo que ya tiene experiencia.
“Las funciones dependen del entorno de cada persona. Hay unos que son líderes campesinos de la región del Cauca, que desempeñarán funciones en los conflictos por la tenencia y la propiedad de la tierra. Ayudarán a labores de convivencia. Para los que están en Bogotá, por ejemplo, si tenemos un problema de pandillas y ellos pueden tener incidencia, allí desempeñarán las tareas. Las actividades dependen caso por caso y serán establecidas por el Alto Comisionado para la Paz”, dijo Osuna.
(Vea también: Pensión para condenados por homicidio podría ser una realidad: propuesta de Minjusticia)
Las primeras liberaciones se presentaron a pocas horas de la Navidad de 2022 y, hasta el momento, son cuatro los jóvenes que salieron de prisión. Cabe resaltar que la Fiscalía los tiene vinculados a procesos penales por delitos en contexto de protesta y presentó pruebas tan fuertes ante jueces de Garantías que resultaron encarcelados, mientras se desarrolla su proceso judicial. El Ministerio de Justicia, por su parte, le reveló a este diario que sus procesos en comunidad serán coordinados también por la Cruz Roja.
Asimismo, la cartera de Justicia está en conversaciones con la Fundación Acción Interna, de la actriz y activista Johana Bahamón, para que los voceros de paz entren a ejercer actividades a favor de la población sindicada, condenada y pospenada de Colombia. Cuando este diario le preguntó al ministro Osuna si este año esperamos cientos de voceros de paz, como lo prometió el presidente Petro, de hecho, para la Navidad pasada, el jurista respondió que tal afirmación está alejada de la realidad. No habrá una estampida de liberaciones. Tampoco recibirán un beneficio económico los elegidos.
“El Comité Intersectorial (conformado por los tres ministerios y que entrega los perfiles a la presidencia) ha sido muy cauteloso de partir de la idea de necesidades y luego sí buscar candidatos. El ejemplo que tengo más en la cabeza es el de convivencia entre indígenas, afro y campesinos en el norte del Cauca. Ahí nos puede servir una labor de vocería. Hemos preferido que las personas no estén condenadas y si están imputados, que los delitos no sean los que tienen mayor alarma social. No sabremos con precisión cuantos más vamos a solicitar. Depende de las necesidades”, concluyó.
Osuna, por otro lado, reconoció en sus primeras entrevistas sobre voceros de paz que la última palabra la tendrían los jueces de la República. Así lo confirmó un juez de conocimiento de Bogotá, quien el pasado 12 de enero negó el retorno a la sociedad de los jóvenes Luidiar Felipe Camacho, Steven Guevara y Daniel Ruiz. Aunque las tres peticiones, firmadas por el Alto Comisionado para la Paz, llegaron a su despacho, el juez de conocimiento señaló que la competencia sería la de un juez de Garantías.
Entre otros detalles, como lo anunció el Gobierno en diciembre pasado, los 17 postulados como voceros de paz manifestaron su voluntad de acoger este rol y, por lo mismo, entre sus responsabilidades está firmar actas de compromisos antes de ser puestos en libertad.
Deberán rendir informes mensuales ante el Alto Comisionado, aprobar un diplomado en Construcción de Paz y Gestión de Conflictos Sociales y Políticos con la Universidad del Valle (institución que donará los cursos), y recibir atención psicosocial durante el proceso.
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