Con una firma falsa de la ministra de Agricultura, Cecilia López, presuntos invasores de tierras prometen parcelas a campesinos en Magdalena y Cesar. Así lo denunció el propio el Ministerio de Agricultura a través de un documento de cuatro páginas que ya reposa en el búnker de la Fiscalía.

En la denuncia reposan videos y una fotografía de la firma falsa de la ministra que, supuestamente, autorizaba la entrega de predios a algunos pobladores como parte de los programas que presentó el Gobierno de Gustavo Petro.

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“Del despacho del ministro hoy damos buenas noticias ya nuestro presidente Gustavo Petro envió el proyecto parcela Las Marías a la Junta Directiva del Senado de la República de Colombia. Lo que significa que en cualquier día o en horas estaremos estrenando las parcelas y sus beneficios que otorga el proyecto Parcelas Las Marías, le recomendamos tener paz y mucha calma ya pronto estarán en sus tierras”, dice la misiva en la que se suplantó la firma de la ministra.

Ese tipo de apartes y cuatro videos en el que los campesinos leen el documento falso, y mencionan que el proyecto para que se entreguen las parcelas es un hecho ante el Congreso, es lo que reposa en el búnker de la Fiscalía. En la denuncia, el ministerio instó a que el ente investigador inicie las indagaciones y cite a entrevista a la persona que da lectura del documento. La finalidad es que se verifique el supuesto oficio emitido desde la cartera.

El ministerio instó a la Fiscalía para que se investigue el delito de falsedad en documento público. “En el caso que nos ocupa, la falsedad tendría que ver en cuanto se falsificó un documento de carácter público, supuestamente expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y falsamente firmado por la doctora Cecilia López Montaño en su calidad de ministra de Agricultura y Desarrollo Rural”, dice la denuncia y añade que el documento que conocieron los campesinos es falso porque emplea un formato que no pertenece al del Ministerio de Agricultura y el contenido no corresponde a la realidad ni a las competencias de las entidades que relata.

La denuncia del Ministerio de Agricultura llega en un momento polémico en el que la tensión por la invasión de terrenos ha estado sobre la mesa de las autoridades. Recientemente, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, dijo que la entidad que preside ha hecho un monitoreo en el que se evidencia la ocupación indebida de tierras en varias regiones del país. Explicó que hay un aumento de casos que requieren medidas urgentes por parte del Gobierno para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad y la vida de las comunidades.

“Especial atención se ha puesto en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, donde nuestras regionales han podido identificar 108 casos distribuidos en 26 municipios. La mayor incidencia en el número de invasiones de tierras se registra en el departamento del Cauca, donde se presenta el 36% de los casos”, explicó Camargo. Añadió que alrededor de 6.000 familias estarían ejerciendo ocupación de predios en todo el país.

Desde el ala investigativa, la Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, anunció que se conformó un grupo especializado de fiscales e investigadores que serán los encargados de investigar las invasiones de tierras, usurpación de bienes y avasallamiento que se han denunciado en varias regiones del país. El anuncio lo entregó este jueves en medio de un congreso de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que tuvo lugar en Medellín (Antioquia).

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De otro lado, la procuradora Margarita Cabello hizo un llamado a las instituciones del Estado para que fortalezcan la implementación del punto 1 del Acuerdo de paz con el fin de entregarle tierras a quién realmente las necesita. “Sea la oportunidad de la Procuraduría para exhortar a la Agencia Nacional de Tierras a que haga un plan de choque frente a las más de 140 mil solicitudes de adjudicación de baldíos rezagadas, equivalente a más de nueve millones de hectáreas. Si lo hace, tendríamos satisfecha la preocupación de estas personas que están reclamando con debido derecho el acceso a la tierra”, explicó la jefe del ente de control.